La Casa Blanca se moviliza contrarreloj para salvar su estrategia comercial, seriamente dañada tras la sentencia del miércoles que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha advertido que, si los tribunales inferiores no suspenden la ejecución del fallo, pedirá este mismo viernes al Tribunal Supremo que mantenga las tasas vigentes a las importaciones, alegando que su eliminación supondría “daños irreparables” para la economía y la seguridad nacional.
La sentencia constituye el más significativo revés jurídico para Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Sus abogados han pedido acciones cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el Ejecutivo advierte que, si se lleva a cabo la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con varios países podrían colapsar inmediatamente”, a pesar de que, en realidad, Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Ejecutivo mantiene los mismos puntos defendidos durante el juicio: que los jueces carecen de autoridad para poner en duda la decisión presidencial de recurrir a leyes de emergencia para aplicar aranceles, y que hay casos anteriores —como el de Richard Nixon— que respaldan este tipo de acciones. No obstante, el fallo del tribunal examina exactamente ese antecedente y lo emplea para cuestionar la legitimidad de las acciones de Trump.
La petición dirigida al Supremo enfatiza que, sin una suspensión urgente, “incluso si se validan los aranceles en el futuro, el perjuicio ocasionado no podrá ser deshecho”. El Gobierno señala que podría enfrentar una reducción en ingresos fiscales, tener dificultades en negociaciones internacionales y estar sujeto a represalias comerciales.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
La sentencia anula, entre otros, los aranceles del 25% a Canadá y México y del 20% a China, así como los polémicos “aranceles recíprocos” aplicados globalmente con la excusa de combatir el fentanilo y controlar la inmigración. Estas medidas, proclamadas en el llamado “Día de la Liberación”, fueron luego reducidas al 10% tras la presión de los mercados.
Conflictos en el ámbito político y judicial
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha arremetido con firmeza contra el veredicto, describiéndolo como una «intervención judicial excesiva» y responsabilizando a «magistrados no designados» de interferir en las resoluciones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son detenidos por jueces con mentalidad activista», afirmó.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que está seguro de que la decisión se revertirá en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está elaborando un recurso sobre el fondo del tema que aún no ha sido presentado.
Divergencia ideológica en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto impulsó a cuatro integrantes del Gabinete a realizar declaraciones oficiales en la corte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que cancelar los aranceles «debilitaría» pactos actuales. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, destacó el peligro de quebrar conversaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, se muestra preocupado por un posible desajuste en las condiciones de competitividad. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que el veredicto amenaza la política internacional y la seguridad del país.
