A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Expertos asocian esta baja a una mezcla de motivos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido en el poder, bajo desempeño económico y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha coincidido con una intensificación del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han activado alertas en varios sectores.
Dudas acerca del proceso de elecciones y supervisión institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se han reportado acciones orientadas a dificultar la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia del escrutinio. Las tensiones se han intensificado dentro del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han denunciado presiones e intentos de bloqueo a sus funciones.
Organizaciones empresariales y representantes de la oposición interpretan estas medidas como parte de una estrategia para consolidar el control institucional del proceso electoral, limitar la supervisión externa y garantizar al oficialismo un margen de maniobra ante una eventual derrota en las urnas.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
De acuerdo con estos informes, grupos simpatizantes del gobierno posiblemente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría ayudar a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la división política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Frente a un escenario electoral cada vez más dividido y un gobierno que pierde apoyo entre la ciudadanía, Honduras avanza hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, la inestabilidad institucional y el desafío a las normas del sistema democrático.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.
