A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
En septiembre de 2024, se reveló el video denominado “narcovideo”, en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con traficantes de drogas. Desde entonces, la Fiscalía no ha formulado acusaciones formales ni ha mostrado avances procesales concretos. En el video, los participantes ofrecen 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la filtración, Carlos Zelaya dejó su puesto como diputado y secretario en el Congreso Nacional. De igual manera, renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien era el secretario de Defensa en ese momento. Rafael Sarmiento, líder del grupo parlamentario oficialista, también ofreció su cargo. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas legales concretas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Reacciones políticas y demandas de rendición de cuentas
El lanzamiento del video desató una serie de respuestas desde diversos ámbitos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier conexión entre políticos y organizaciones delictivas, pero interpretó la filtración como un esfuerzo por desestabilizar su gestión con el objetivo de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y facciones opositoras, la controversia ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Diversos individuos han demandado incluso la dimisión de la presidenta, alegando que la situación contradice su promesa de romper con el pasado y combatir el narcoestado.
Estas posiciones ponen de manifiesto una creciente fricción en el escenario político del país, donde las demandas de rendición de cuentas se enfrentan a una reacción institucional vista como inadecuada. La ausencia de medidas específicas por parte del Ministerio Público ha fortalecido la idea de impunidad en asuntos que involucran a personas cercanas al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
La gestión de esta situación implica, no solo un desafío inminente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también un examen crucial para la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma de abordarla o ignorarla determinará el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral extremadamente polarizado.
