El conocido «Plan Venezuela», promovido por el Partido LIBRE, ha generado varias reacciones negativas entre los ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad en Honduras. Estas acciones y cambios, respaldados desde el gobierno, han encendido alarmas debido a las similitudes con políticas aplicadas en Venezuela en años anteriores, las cuales condujeron al país sudamericano a una crisis económica y social sin precedentes.
Un modelo polémico: similitudes con el régimen venezolano
El «Plan Venezuela» se refiere a una serie de políticas y reformas que, según sus críticos, buscan replicar un modelo económico y político similar al que ha prevalecido en Venezuela. Entre las medidas señaladas se encuentran los ataques recurrentes a la empresa privada, el control del Congreso, la presión contra medios independientes y la ampliación del presupuesto militar. Estos elementos son percibidos como indicios de una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que despierta temores de que Honduras esté transitando hacia un sistema autoritario.
El discurso polarizante que caracteriza al Gobierno de Xiomara Castro también ha generado divisiones dentro del país. En lugar de promover un proyecto inclusivo, el oficialismo parece dividir a la sociedad entre un «pueblo» representado por el sector popular y una «oligarquía» vinculada a los intereses empresariales y las élites. Esta narrativa, que muchos consideran propia de los regímenes asociados al Foro de São Paulo, ha calado particularmente en los sectores más vulnerables, mientras que ha generado rechazo en sectores de la empresa privada, la clase media y parte de la juventud hondureña.
Reacciones desde la oposición y el sector empresarial
La desaprobación al «Plan Venezuela» ha sido especialmente intensa por parte de grupos políticos y económicos que critican al Gobierno. Maribel Espinoza, legisladora de la oposición, ha comentado que las medidas del oficialismo no aparentan estar enfocadas en ganar comicios, sino en establecer un régimen de poder perpetuo. De forma similar, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su inquietud por la reciente «Ley de Justicia Tributaria», la cual fue calificada como el comienzo de una ofensiva contra la inversión privada, que podría tener repercusiones negativas en la competitividad nacional y aumentar la dependencia del Estado.
El ámbito empresarial ha expresado inquietud acerca de la factibilidad de las políticas sugeridas, temiendo que puedan provocar una mayor salida de capitales y empeoren la crisis económica actual. En este contexto, organizaciones internacionales han lanzado advertencias sobre el debilitamiento de las instituciones en Honduras, un asunto que ha cobrado relevancia en la discusión pública.
Una visión de crisis y divisiones
Las recientes encuestas, como las de ERIC-SJ y CID-Gallup, reflejan una caída significativa en la aprobación del gobierno de Castro y en la intención de voto para su candidata oficialista, Rixi Moncada. Este descenso en la popularidad es más evidente entre los jóvenes, empresarios y sectores de clase media, quienes perciben las medidas del Gobierno como un retroceso hacia el autoritarismo y un freno para el desarrollo económico. En este contexto, el desempleo, la fuga de capitales y la polarización social se han incrementado, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las reformas en el largo plazo.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo continúa defendiendo sus políticas como parte de un esfuerzo por alcanzar la «justicia social». Sin embargo, muchos sectores consideran que estos objetivos se están viendo opacados por las consecuencias económicas y sociales que ya se están experimentando. La creciente polarización, por su parte, parece estar ampliando la brecha entre los diferentes sectores del país.
La necesidad de un consenso nacional
El panorama actual coloca a Honduras en una encrucijada. Las tensiones políticas, sociales y económicas que se viven en el país reflejan la urgencia de un diálogo que permita superar la polarización y lograr acuerdos en torno a un modelo de desarrollo que privilegie la democracia, la estabilidad y el bienestar social. Los sectores que se oponen al «Plan Venezuela» insisten en que Honduras necesita un gobierno que impulse políticas inclusivas y sostenibles, no una aproximación autoritaria ni la imitación de modelos fallidos.
En este contexto, el llamado al diálogo y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones es cada vez más apremiante. La situación política y económica del país depende, en gran medida, de la capacidad del Gobierno y de los sectores opositores para encontrar puntos de convergencia en lugar de profundizar las divisiones que, a día de hoy, parecen marcar el futuro del país.
