El general de división Roosevelt Hernández, quien es el líder del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate dentro del ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han generado fuertes cuestionamientos que lo asocian con un posible sesgo político de la institución militar y una preocupación por la autonomía de los poderes del Estado.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández es hijo de una familia con una extensa tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, lo que lo ha colocado como uno de los militares de mayor rango en el país. Desde su nombramiento como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha tenido un rol destacado en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Opiniones y respuestas en el núcleo del debate
Uno de los episodios más controversiales de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una oleada de críticas y acusaciones hacia él, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración refleja un peligroso acercamiento de los militares con el poder ejecutivo, socavando la neutralidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones y la prensa
El general Hernández ha participado frecuentemente en enfrentamientos públicos. En marzo de 2025, se vio envuelto en una disputa con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de calumniar a los militares, lo que llevó a una interrupción en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Igualmente, su actitud hacia los medios de comunicación ha causado polémica, pues, en junio de 2025, fue acusado de presionar a periodistas y fomentar demandas por difamación contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general a las críticas ha aumentado las preocupaciones sobre la libertad de prensa en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de los medios es vital para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones tomadas por Hernández han provocado una creciente inquietud entre varios sectores de la sociedad de Honduras. Activistas de derechos humanos y políticos de la oposición han demandado su remoción del cargo, alegando que actúa como parte de un plan para la «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Se ha señalado especialmente su participación en reuniones del CNE, un organismo que debería permanecer libre de influencias militares, así como su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales en las elecciones primarias de 2025. Según sus críticos, estas medidas socavan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Dificultades y división dentro de las Fuerzas Armadas
A pesar de las protestas y las solicitudes de su destitución, Hernández continúa en el puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar legalmente a quienes los critican. No obstante, su continuidad al mando de la institución refleja una creciente división en la nación sobre el rol de los militares en la política.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.
