Se ha generado una polémica política en Honduras debido a la presunta presentación de requerimientos fiscales contra los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a poco más de un año de las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Aunque la Fiscalía ha desmentido oficialmente la existencia de denuncias directas contra Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, el anuncio sobre las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo ha suscitado preocupación entre figuras políticas y entidades de la sociedad civil, quienes temen que el sistema judicial sea utilizado como herramienta para socavar la independencia del organismo electoral.
Opiniones sobre las acciones del Ministerio Público
El comunicado formal emitido por el Ministerio Público, liderado por el fiscal general Johel Zelaya, afirma que no se han dado instrucciones concretas contra los integrantes del CNE. No obstante, Zelaya mismo admitió que hay al menos seis solicitudes vinculadas a problemas logísticos identificados en el último proceso electoral, incluyendo el traslado de insumos, el funcionamiento del sistema biométrico y la entrega de las maletas electorales.
Organizaciones como Defensores de Honduras han indicado que estos movimientos podrían estar vinculados a una táctica para influir políticamente en el CNE, alertando sobre una posible «acción judicial» dirigida a debilitar la institucionalidad del organismo electoral. A esta inquietud se han añadido sectores opositores, como el Partido Liberal, que consideran desmesurado y parcial el enfoque del Ministerio Público. Según este grupo político, cualquier investigación debería abarcar también a otros actores del proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, que estuvieron involucradas en la logística de las elecciones.
La crítica más recurrente se dirige a lo que se percibe como una actuación selectiva y acelerada por parte del Ministerio Público. Se ha cuestionado, por ejemplo, el escaso tiempo otorgado al CNE en algunos casos, solo tres horas para entregar información solicitada en el marco de las pesquisas, lo que es interpretado por distintos sectores como una forma de presión institucional.
Conflictos institucionales y peligro de litigios electorales
La coyuntura presenta un panorama complicado para la institucionalidad democrática de la nación. Desde diversos sectores opositores se ha señalado que una posible intervención judicial en el CNE podría llevar a la paralización de sus actividades o incluso a la destitución de algunos de sus consejeros, lo que impactaría en la organización y dirección del proceso electoral de 2025. La posibilidad de que se establezca un control político sobre el organismo electoral es considerada una amenaza directa a la transparencia y la credibilidad de las próximas elecciones.
El temor a una judicialización del proceso electoral no es nuevo en el contexto político hondureño, pero adquiere mayor relevancia ante la proximidad de los comicios generales. La percepción de que se podrían usar herramientas legales con fines políticos contribuye a un clima de desconfianza ciudadana, debilitando la participación y la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio del voto.
Solicitudes de justicia y supervisión del procedimiento
Frente a esta situación, diferentes sectores han enfatizado la importancia de mantener el equilibrio institucional y asegurar una justicia neutral. Están de acuerdo en que cualquier examen sobre anomalías en el proceso electoral debe llevarse a cabo con precisión técnica, claridad y sin inclinaciones políticas. También destacan la relevancia de una supervisión activa de la ciudadanía, las entidades de supervisión electoral y la comunidad internacional para garantizar la igualdad en el proceso democrático.
El asunto también destaca la debilidad de los sistemas de balance institucional en Honduras. Sin una reforma fundamental que mejore la autonomía de las entidades de control y monitoreo, eventos como este suelen intensificar las tensiones entre las ramas del gobierno y fomentar la polarización política.
Un reto para la estabilidad democrática
A medida que las indagaciones sobre las anomalías en las elecciones primarias progresan, toda la atención se enfoca en cómo el Ministerio Público y el sistema judicial abordarán el asunto. La pregunta principal sigue siendo: si estas medidas tienen como objetivo aclarar hechos específicos o si son resultado de un cálculo político con miras a las elecciones de 2025.
El desenlace de esta cuestión definirá no solo el futuro de los consejeros implicados, sino también la confianza del proceso electoral en su totalidad. En un entorno de desconfianza creciente hacia las instituciones, la transparencia, la legalidad y la responsabilidad se convierten en requisitos esenciales para mantener la legitimidad democrática en Honduras.
