El ambiente previo a las elecciones en Honduras está caracterizado por un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, ya que se incrementan las acusaciones sobre la supuesta alteración de encuestas en beneficio de la candidata del partido en el poder, Rixi Moncada. Distintos grupos académicos, ciudadanos y políticos destacan un plan sistemático para crear una falsa impresión de ventaja electoral, empleando métodos estadísticos cuya transparencia es cuestionable. La polémica se centra en la empresa Opinómetro, una encuestadora que carece de un historial conocido y ha sido relacionada con personas próximas al gobierno.
Irregularidades estadísticas y cuestionamientos metodológicos
La proliferación de encuestas a favor de Moncada ha generado sospechas por inconsistencias técnicas evidentes. Según especialistas, los sondeos difundidos por Opinómetro presentan resultados dispares entre distintas plataformas, porcentajes que no suman el 100 % y omiten datos básicos como la ficha técnica, el tamaño de muestra o el margen de error. Estas prácticas, lejos de fortalecer el debate democrático, han sido interpretadas como intentos deliberados de influir en la opinión pública mediante una supuesta “ilusión matemática”.
Las variaciones de hasta 15 puntos porcentuales en comparación con investigaciones independientes refuerzan la teoría de una estrategia orquestada para aumentar el apoyo a la candidatura del oficialismo. Las críticas señalan que esta táctica no se debe a fallos técnicos, sino a una manipulación intencionada con objetivos políticos. Tanto redes sociales como plataformas académicas han sido el lugar de numerosas denuncias en este sentido, exigiendo un mayor control sobre la difusión de sondeos electorales.
Opinómetro y sus vínculos con estructuras oficiales
El papel de Opinómetro ha sido central en esta controversia. Constituida en febrero de 2025, esta encuestadora obtuvo rápidamente la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en los comicios internos, pese a carecer de antecedentes públicos en medición de opinión.
La representación legal de la empresa ha sido otro punto de controversia. Carlos Adolfo Medina Álvarez, abogado de Opinómetro, figura también como asesor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una entidad bajo control del oficialismo. Esta coincidencia ha sido interpretada por observadores y analistas como un indicio de instrumentalización estatal para posicionar actores afines en el terreno de la medición electoral.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Demandas de transparencia desde la sociedad civil y la oposición
Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, catedráticos universitarios y partidos opositores han exigido la regulación estricta de las encuestas electorales, así como auditorías independientes que validen sus metodologías. Advierten que el uso de empresas sin respaldo técnico ni imparcialidad afecta directamente la integridad del proceso democrático.
Estas voces reclaman que las encuestas que circulan en el espacio público cumplan con estándares mínimos de transparencia, incluyendo la publicación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección utilizados. Además, demandan una revisión del papel del CNE en la acreditación de estas firmas, señalando que su autorización a entidades sin historial refuerza la percepción de parcialidad institucional.
La desconfianza que estas prácticas generan no solo afecta la campaña de una candidatura en particular, sino que compromete la legitimidad general del proceso electoral.
Un reto para la confianza en las instituciones
En una nación donde la fe en los procedimientos electorales ha sido tradicionalmente débil, las acusaciones recientes destacan la importancia de contar con métodos eficientes de supervisión y claridad. La polémica alrededor de Opinómetro y la utilización de datos no confirmados revela un problema más extenso: el uso de la información como herramienta política y la falta de estructuras institucionales fuertes que lo prevengan.
De cara a los comicios de 2025, el sistema electoral hondureño enfrenta el reto de garantizar que la competencia se dé en condiciones de equidad y con información fidedigna. En un contexto marcado por la polarización y la fragilidad de los controles democráticos, la veracidad de los datos se convierte en una condición indispensable para preservar la legitimidad del voto ciudadano.
