El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atraviesa una de sus crisis internas más delicadas tras la gestión del llamado “caso Salazar”, el escándalo de presunto acoso sexual y abuso de poder que salpica al exasesor de La Moncloa Paco Salazar y a su mano derecha, Antonio Hernández, ambos hasta hace pocos días situados en el entorno de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien está rodeado de numerosos casos de corrupción en estos momentos.
Quién es Paco Salazar y cuáles son sus logros y contribuciones
Francisco José “Paco” Salazar, histórico militante sevillano del PSOE, fue alcalde de Montellano y posteriormente diputado en el Congreso, además de ocupar cargos estratégicos junto a Pedro Sánchez en Ferraz y en el Palacio de La Moncloa.
En los últimos meses, varias militantes y trabajadoras socialistas que estuvieron bajo sus órdenes han denunciado internamente comportamientos que califican de acoso sexual y abuso de poder: comentarios de contenido sexual, invitaciones insistentes a encuentros privados fuera del horario laboral y ofrecimientos de alojamiento en su domicilio, siempre en un contexto de relación jerárquica.
A raíz de estas denuncias, Salazar fue apartado de sus responsabilidades en el partido y dejó de formar parte de la Ejecutiva federal, así como de su posición de influencia en La Moncloa. Los hechos se investigan en el marco de los protocolos internos contra el acoso del PSOE y podrían derivar en acciones judiciales si así lo deciden las denunciantes, pero de momento, hay silencio.
El papel desempeñado por Antonio Hernández, el asistente despedido
Antonio Hernández, quien ha sido el director del Departamento de Coordinación Política en La Moncloa y una figura esencial en el engranaje político del Gobierno, se consideraba la mano derecha de Salazar y su principal respaldo en el día a día.
Las mujeres que acusaron a Salazar también identificaron a Hernández como supuesto “cómplice” y “encubridor” de los abusos, al considerar que estaba al tanto de las circunstancias y no tomó medidas para proteger a las víctimas, algo que él niega.
En medio del escándalo, el presidente Pedro Sánchez optó por impulsar su destitución tanto en La Moncloa como en la estructura orgánica del PSOE andaluz. Esta decisión ha sido formalizada por el Consejo de Ministros en los últimos días, lo que se ha interpretado como un esfuerzo por “cauterizar” la crisis y eliminar cualquier apariencia de connivencia con las conductas atribuidas a Salazar.
Críticas a la gestión interna del PSOE y reacción tardía
Diversos reportes de prensa indican que el PSOE demoró más de cuatro meses en establecer contacto formal con las víctimas después de que se conocieran las primeras denuncias, lo cual ha provocado una intensa reacción interna y un notable deterioro en la imagen del partido. El funcionamiento del comité antiacoso ha sido objeto de críticas debido a su lentitud, falta de coordinación y limitada comunicación con la dirección federal, en un partido que se enorgullece de su enfoque feminista.
Al mismo tiempo, voces críticas desde el propio socialismo reclaman una reforma profunda de los protocolos internos y de la cultura organizativa, para evitar lo que describen como “entornos protectores con los presuntos agresores” y situaciones de desamparo para las mujeres que denuncian.
La posición del Gobierno de Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado con “rapidez y contundencia” una vez tuvo conocimiento formal de las acusaciones, destacando el cese de Salazar, su salida de la Ejecutiva del PSOE y, ahora, la destitución de Antonio Hernández.
Alegría ha reconocido públicamente que su comida reciente con Salazar —producida cuando las denuncias ya eran conocidas— fue un “error”, subrayando que el centro del debate deben ser las víctimas y no el coste político para el partido.
Paralelamente, diferentes informaciones apuntan a un posible frente judicial para el PSOE como persona jurídica, ante la hipótesis de que la Justicia pudiera valorar si hubo responsabilidades organizativas en la gestión de las denuncias. Fuentes fiscales citadas por algunos medios hablan de la posibilidad de que el partido sea investigado por un presunto delito de acoso sexual como organización, extremo que, en este momento, no pasa de ser una posibilidad jurídica sometida a valoración y que no implica imputación efectiva alguna.
Reacción de la oposición y desgaste político
El Partido Popular ha comunicado que empleará su mayoría en el Senado para convocar a Paco Salazar a declarar en el contexto de la comisión del denominado “caso Koldo”, aprovechando la notoriedad pública que ha alcanzado el exasesor. Desde el PP se le acusa a Sánchez de ser el presidente “más perjudicial para las mujeres”, vinculando el caso Salazar con otros episodios controvertidos en temas de igualdad y protección de las víctimas.
La totalidad de la oposición ha centrado su atención en la serie de designaciones, destituciones y reubicaciones en el círculo de Salazar, además del hecho de que dos de sus colaboradoras más cercanas habrían sido trasladadas a empresas públicas en los años recientes, lo cual fortalece la narrativa de una red de confianza alrededor del exasesor dentro del aparato estatal.
Un caso abierto que pone a prueba los protocolos y la credibilidad del partido
El caso Salazar, y ahora también el de Antonio Hernández, ha abierto un profundo boquete político y moral en el PSOE de Pedro Sánchez, en un contexto marcado por la exigencia social de tolerancia cero frente al acoso sexual y los abusos de poder en el ámbito laboral y político.
Mientras se completan los expedientes internos y las posibles actuaciones judiciales, el partido afronta una doble prueba: por un lado, demostrar que sus protocolos contra el acoso funcionan de forma efectiva y priorizan a las víctimas; por otro, reconstruir la confianza de su propio electorado y de la opinión pública, que asiste con preocupación a la sucesión de filtraciones, rectificaciones y ceses que rodean al caso.
En cualquier circunstancia, tanto Paco Salazar como Antonio Hernández conservan, hasta el día de hoy, su derecho a la presunción de inocencia ante la Justicia, mientras se espera la completa aclaración de los hechos y la posible apertura de procedimientos penales. Los pasos siguientes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez serán cruciales para evaluar el impacto político, institucional y judicial de este escándalo. Sin embargo, por ahora, a pesar del deber legal, no se ha informado de que el PSOE haya presentado alguna denuncia ante las autoridades, como ha sucedido en otros casos de corrupción que afectan al partido.