El reciente viaje del presidente Pedro Sánchez a Chile, donde se reunió con líderes de izquierda como Gabriel Boric, ha resaltado nuevamente una preocupante inconsistencia entre el discurso que el líder socialista defiende fuera de España y la situación política que lo rodea en su propio país.
Con gestos grandilocuentes, Sánchez ha vuelto a insistir en su proyecto de una izquierda global, basada —según él— en valores como la justicia fiscal, la redistribución de la riqueza y la defensa de los más vulnerables. Ha hablado de gravar a los superricos, de combatir la desigualdad, de construir “un futuro más justo” junto a sus aliados progresistas en América Latina. Un discurso impecable… si no estuviera completamente deslegitimado por su práctica política.
La contradicción es clara y complicada de ocultar: mientras el presidente participa en encuentros mundiales representando una izquierda renovadora, en España se multiplican los casos de corrupción que afectan a su círculo íntimo. Desde los negocios poco claros de su esposa, Begoña Gómez, hasta las acusaciones y renuncias de líderes importantes del PSOE, el gobierno de Sánchez se balancea sobre una base cada día más cuestionada. Las pesquisas judiciales progresan, las declaraciones se retrasan y la transparencia que tanto proclama está notablemente ausente.
¿Cómo puede un dirigente pedir esfuerzos fiscales a la población mientras su agrupación política está involucrada en escándalos de tráfico de influencias, contratos fraudulentos y nepotismo sistemático? ¿Cómo es posible hablar de ética en la administración pública y equidad en la distribución de recursos, cuando las personas observan que aquellos que crean las leyes para ellos se aferran a privilegios y mantienen redes de poder no transparentes?
La contradicción entre el mensaje y la acción —la esencia misma de la doble moral— es particularmente escandalosa en el caso de Pedro Sánchez. Porque no se trata de un caso aislado o puntual, sino de una estrategia sostenida: exportar un modelo de izquierda que se presenta como moralmente superior, al mismo tiempo que se tolera, encubre o minimiza la corrupción interna.
Su estancia en Chile parece más un esfuerzo por mejorar su imagen que una acción diplomática auténtica. En España, se demanda a la oposición que “no lleve la política a los tribunales”, al mismo tiempo que Sánchez busca en los viajes internacionales una manera de esquivar el aumento de la desconfianza que enfrenta en su país. Es complicado no interpretar este tipo de viajes como un intento por protegerse ideológicamente ante la pérdida de la credibilidad pública.
El auténtico progreso no puede levantarse sobre bases deterioradas. Si el presidente busca encabezar un movimiento global de justicia y equidad, debe comenzar por ordenar su propio ámbito. Esto implica aceptar responsabilidades, dejar que las investigaciones avancen sin obstáculos, y asegurar que ningún funcionario quede sin consecuencia alguna solo por ostentar una buena posición.
No se trata de atacar a la izquierda como ideología, sino de denunciar a quienes la utilizan como coartada para perpetuar sus privilegios. Sánchez debería recordar que los ciudadanos no votan consignas, sino coherencia. Y en este momento, su coherencia está en entredicho.
