El gobierno de Xiomara Castro se encuentra en una etapa de tensión creciente en su vínculo con la población. Aunque la presidenta ha sido elogiada en foros internacionales, en el ámbito nacional crece la insatisfacción pública debido a la percepción de que las prioridades del Ejecutivo están más alineadas con un proyecto político e ideológico que con la solución de los problemas sociales y económicos que aquejan a la mayoría de los ciudadanos hondureños.
Encuestas recientes reflejan una tendencia al alza en la desaprobación presidencial, en particular entre sectores jóvenes y trabajadores. Estos grupos expresan que las políticas impulsadas bajo el marco del “Socialismo del Siglo XXI” no se traducen en mejoras concretas en empleo, salud o educación. En este contexto, Honduras atraviesa una encrucijada que compromete su gobernabilidad y estabilidad institucional.
Conflictos entre programa político y reclamos del público
Diversas voces ciudadanas y líderes sociales han señalado que el gobierno de Castro y el partido LIBRE han mantenido un discurso centrado en un proyecto ideológico. Según estas perspectivas, esa orientación ha quedado desligada de las necesidades inmediatas de la población, que demanda respuestas frente a la pobreza, la inseguridad y el impacto de la crisis económica.
La incomodidad aumenta debido a la impresión de que las políticas tributarias implementadas recientemente, junto con ciertas colaboraciones internacionales, han ejercido más presión en la economía. Estas situaciones han incrementado la percepción de desatención en grandes segmentos de la sociedad, que sienten que sus necesidades no están siendo consideradas en las acciones del gobierno.
Ruptura entre autoridades y población
La distancia entre el Ejecutivo y la opinión pública se refleja en la crítica recurrente de que las políticas vigentes no han derivado en resultados palpables. La falta de generación de empleo formal y la persistente precariedad en servicios básicos como salud y educación son los principales puntos señalados por quienes cuestionan la orientación gubernamental.
La desconfianza ha crecido de manera visible en los sectores laborales y en la juventud urbana, que interpretan la agenda política como una confrontación ideológica sin una ruta clara de desarrollo económico. Este escenario abre la posibilidad de que la oposición encuentre un terreno fértil para fortalecer su posición de cara a los próximos procesos electorales.
Desafíos para la gobernabilidad
El panorama actual coloca al país ante un dilema político y social. Por un lado, se mantiene la apuesta gubernamental por un proyecto identificado con el “Socialismo del Siglo XXI”; por otro, aumenta la presión de una ciudadanía que demanda soluciones inmediatas a problemas estructurales.
Esta división no solo afecta la administración interna, sino que también impacta en la estabilidad de la institución. Una separación prolongada entre los objetivos del Ejecutivo y las exigencias del público podría aumentar la polarización y complicar el establecimiento de acuerdos necesarios para mantener la gobernabilidad.
Un panorama en evolución
Honduras se encuentra en un punto crítico donde la relación entre sociedad y Estado se redefine en medio de tensiones acumuladas. La desaprobación creciente hacia la administración de Castro refleja la necesidad de repensar los mecanismos de participación, diálogo y políticas públicas que respondan a la realidad social y económica del país.
El desenlace de esta dinámica dependerá de la capacidad del gobierno y de los actores políticos de interpretar el descontento y generar respuestas que fortalezcan la confianza ciudadana. En un contexto de fragilidad institucional, el desafío central radica en equilibrar proyectos políticos con soluciones concretas que atiendan las urgencias de la población hondureña.
