Dentro de un panorama de creciente inquietud económica y social, Honduras pasa por una fase en 2025 caracterizada por intensas tensiones estructurales. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) sigue proyectando un crecimiento entre el 3.5 % y el 4 %, este ritmo no se refleja en mejoras significativas para la mayoría de la población, en particular en las áreas rurales y entre los jóvenes. La aparente estabilidad en la macroeconomía se contrasta con un ambiente de desempleo, subempleo e inseguridad que impacta de manera directa las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Inestabilidad en el empleo y marginación de los jóvenes
La situación laboral sigue siendo una de las mayores preocupaciones. De acuerdo con cifras recientes, más de 386.000 personas han dejado de buscar empleo activamente, mientras que aproximadamente 1,6 millones de individuos trabajan en la informalidad o el subempleo, sin acceso a la seguridad social ni derechos laborales asegurados. Este escenario revela un mercado de trabajo altamente dividido, en el cual la mayoría se encuentra en los márgenes de la economía formal.
El desempleo entre los jóvenes llega a cifras alarmantes. Se calcula que más de 750.000 jóvenes están sin empleo y que otros 150.000 podrían sumarse a este número en el transcurso del año. Esta situación no solo fomenta la migración, sino que también refuerza las dinámicas de exclusión que impactan en la cohesión social, debilitando los mecanismos de integración y participación.
Además, se debe considerar la repercusión de los ingresos reducidos. El precio de la canasta básica se sitúa alrededor de los 15.500 lempiras mensuales para una familia promedio, cantidad fuera del alcance para una gran porción de la población, especialmente cuando el 40 % de las empresas no efectúa el pago del salario mínimo.
Tensiones inflacionarias y reducción del poder de compra
La tasa de inflación anual sigue cerca del 4.5 %, una cifra que, aunque es moderada desde una perspectiva técnica, afecta directamente el gasto de las familias, particularmente en áreas como alimentos, servicios públicos y productos esenciales. En este contexto, el endeudamiento de los hogares ha incrementado, disminuyendo la capacidad de ahorro y consumo de los sectores más vulnerables.
La persistencia de la inflación, los salarios insuficientes y el aumento de la informalidad conforman un escenario donde las condiciones de vida empeoran de manera gradual. Esta circunstancia pone de manifiesto las deficiencias del modelo macroeconómico vigente para abordar los retos sociales y de distribución más importantes.
Migración y descomposición social: síntomas de una crisis prolongada
La intensificación de la inestabilidad se refleja igualmente en el ámbito social. Honduras sigue estando entre las naciones con índices de violencia más altos en todo el mundo, un fenómeno relacionado directamente con la desocupación y la ausencia de oportunidades. En este escenario, la migración se transforma en una opción de fuga cada vez más adoptada por las familias en Honduras.
Las remesas familiares, que representan aproximadamente el 25 % del PIB, se han convertido en un sostén económico clave. Sin embargo, esta dependencia deja al país expuesto a factores externos, como los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, que podrían alterar drásticamente este flujo de recursos.
Asimismo, la ausencia de alternativas en el ámbito laboral lleva a un segmento de los jóvenes a integrarse en la economía sumergida o incluso a acciones ilegales, debilitando la estructura comunitaria y exacerbando la división social.
Un modelo económico en tensión
La diferencia entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los ciudadanos hondureños resalta las fallas estructurales del modelo económico vigente. Aunque ciertos indicadores de estabilidad, como el aumento del PIB o el manejo relativo de la inflación, se mantienen, no se han convertido en mejoras reales para la mayoría de las personas.
La continua presencia de desempleo, informalidad y desigualdad presenta serios retos para la gobernanza y unidad social del país. En este escenario, se incrementan las dudas sobre la capacidad de respuesta institucional para formular políticas públicas que aborden las raíces de la exclusión y el empeoramiento económico. La situación actual resalta la urgencia de revisar la estrategia macroeconómica, enfocándose en la inclusión social, el empleo digno y la redistribución de oportunidades como bases esenciales para el desarrollo nacional.
