La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un modelo que recuerda al correísmo en Ecuador
La idea de suprimir la central de riesgos ha sido interpretada por diversos sectores como una posible réplica del modelo implementado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aplicó una medida similar durante su mandato. En aquel contexto, la eliminación de los registros crediticios fue parte de una estrategia orientada a fortalecer el control del Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En Honduras, esta analogía ha provocado preocupación en los sectores bancario y empresarial. Expertos consultados señalan que una acción de esta índole podría modificar los sistemas de control crediticio, mermando la transparencia y provocando resultados negativos para la estabilidad financiera. Un analista de la región afirmó que “es una receta para el desastre económico, una situación que ya se observó en Ecuador con efectos catastróficos”.
Riesgos institucionales y efectos económicos
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Voces del sector financiero señalan que suprimir este mecanismo sería equivalente a debilitar la rendición de cuentas en un área clave para la economía nacional. En esa línea, se ha advertido que una decisión de esta naturaleza podría generar incentivos para la manipulación política del crédito, afectando tanto la confianza de los inversionistas como la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, quienes apoyan la iniciativa en el ámbito de LIBRE afirman que el sistema financiero actual ha impuesto barreras de entrada a grandes segmentos de la sociedad a lo largo del tiempo. Argumentan que suprimir la central de riesgos posibilitaría democratizar el crédito y disminuir la acumulación de poder económico en manos de un reducido número de entidades bancarias. No obstante, la funcionaria aún no ha proporcionado información técnica sobre cómo se aseguraría la solidez del sistema después de una posible modificación.
Un desafío en la gestión y la claridad
La polémica generada por esta propuesta se desarrolla en un contexto de acentuada polarización política, donde las fricciones entre el Gobierno, los gremios empresariales y la población definen el panorama público. Expertos afirman que el debate va más allá de lo meramente económico, ubicándose en el ámbito de la institucionalidad democrática, al poner en tela de juicio las fronteras del poder estatal ante los sistemas de supervisión financiera.
Mientras Rixi Moncada guarda silencio ante las críticas, el debate se amplía entre quienes consideran la propuesta un intento de blindaje político y quienes la ven como una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el sistema bancario. En ambos casos, el punto central sigue siendo la necesidad de preservar la transparencia y el equilibrio institucional en una etapa de alta sensibilidad económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
