A pocas semanas de las elecciones generales, el partido oficialista LIBRE enfrenta una situación inédita. La persistente caída de su candidata Rixi Moncada en las encuestas ha generado señales de alerta tanto en actores políticos como en la ciudadanía, ante la posibilidad de que el oficialismo recurra a maniobras para asegurar su permanencia en el poder.
Expertos y comentaristas señalan que el discurso de la campaña, que en un principio se centró en la “refundación” de la nación, ha evolucionado hacia tácticas de subsistencia política. El panorama electoral muestra una escalada de la tensión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el órgano electoral, con acciones que ciertos sectores consideran atípicas o alarmantes.
Señales de alarma en el ámbito institucional
Fuentes cercanas al Congreso Nacional y al Tribunal Electoral señalan la existencia de presiones internas y discusiones sobre posibles reformas exprés que podrían modificar reglas de procedimiento durante el proceso electoral. Según un diputado opositor citado en declaraciones recientes, “Están desesperados. Saben que Rixi no levanta y están buscando cómo torcer el resultado”.
El uso de la Comisión Permanente del Congreso como instrumento para validar decisiones extraordinarias ha sido señalado como un posible mecanismo de control sobre la institucionalidad electoral. Este escenario genera inquietud entre distintos sectores, que advierten sobre la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales y garantizar transparencia en el conteo de votos.
Respuestas de la comunidad y figuras políticas
La situación ha movilizado a ciudadanos y partidos de oposición, así como a observadores internacionales, quienes exigen garantías claras de transparencia en el proceso electoral. Manifestaciones recientes en la capital del país reflejan un reclamo por la protección de la voluntad popular y la prevención de acciones que puedan interpretarse como fraudulentas.
Desde la óptica del partido LIBRE, la campaña sigue impulsando sus comunicados y acciones, si bien la estrategia ha virado hacia la mitigación de perjuicios y la consecución de credibilidad ante la sociedad. Paralelamente, la población permanece atenta a los acontecimientos políticos, prestando especial interés a las modificaciones legislativas que podrían incidir en el sistema electoral.
Consecuencias en la administración y la intervención ciudadana
El panorama actual presenta retos para la gobernabilidad y la credibilidad de las instituciones en Honduras. La disminución constante en las encuestas, junto con la impresión de acciones inusuales, podría impactar la involucración de los ciudadanos y la firmeza política. Especialistas en legislación electoral señalan que cualquier modificación a los procesos ya establecidos podría provocar una reacción en cadena que afecte la fiabilidad de las entidades y la validación de los desenlaces definitivos.
La tensión política se mantiene, y los próximos días se perfilan como determinantes para definir no solo el resultado de la contienda, sino también la capacidad del país para mantener sus procesos democráticos dentro de los marcos legales existentes. La atención está puesta en cómo las instituciones responderán a la presión política y en la disposición de los actores a garantizar un proceso transparente y confiable.