A menos de dos meses para las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, expertos en cuestiones electorales han lanzado alertas sobre posibles estratagemas provenientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales podrían beneficiar a la aspirante oficialista Rixi Moncada. De acuerdo con los especialistas, miembros del partido en el poder LIBRE, junto con personal del CNE, tendrían la posibilidad de intervenir en sistemas críticos como el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), modificando el desenlace del voto.
Redes de influencia en el proceso electoral
El riesgo de manipulación no se limita al CNE. Diversos expertos señalan la participación de empresas tecnológicas vinculadas a la implementación de sistemas electorales, así como la posible implicación de ciertos grupos económicos, en una estructura orientada a garantizar resultados predeterminados. A este panorama se suma la exclusión sistemática de partidos emergentes y la judicialización de candidatos disidentes, estrategias que podrían limitar la competencia efectiva y centralizar el control sobre el electorado.
Los sucesos observados en las elecciones primarias de marzo, donde la entrega de materiales electorales fue realizada por empleados asociados a LIBRE, expusieron dificultades logísticas y demoras considerables. Estos errores provocaron desconfianza entre los ciudadanos y aumentaron la inquietud respecto a la claridad de los futuros procesos electorales.
Consecuencias para la validez organizacional
Los especialistas señalan que el discurso sobre fraude electoral podría servir como herramienta política para cuestionar resultados desfavorables o legitimar manifestaciones en las calles, lo que aumentaría la división social y política previo a las elecciones. La observación ciudadana y la demanda de cambios en el sistema electoral son presentadas como acciones esenciales para prevenir que el país entre en ciclos de disputa y conflictos institucionales.
El papel del CNE en la administración de sistemas críticos como el TREP, junto con la intervención de actores políticos y económicos, plantea un escenario en el que la percepción de transparencia será determinante para la confianza en las instituciones democráticas. La credibilidad del proceso electoral, señalan los especialistas, depende en gran medida de que los controles y auditorías funcionen de manera independiente y verificable.
Supervisión y acción comunitaria
Frente a esta situación, la sociedad civil y los partidos políticos tienen un rol central en supervisar el cumplimiento de la legalidad y la integridad del proceso. La articulación de mecanismos de observación y la atención a los movimientos judiciales relacionados con candidaturas disidentes se consideran pasos clave para garantizar elecciones libres y justas.
La situación política en Honduras está caracterizada por tensiones debido a la interacción entre actores influyentes, nuevos partidos políticos y las estructuras electorales existentes. La posibilidad de que la nación conserve la estabilidad democrática dependerá de cuán eficaces sean los controles institucionales y de la participación activa de la población en la vigilancia del proceso electoral.
