El controvertido mandato de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público de Perú terminó tras una serie de denuncias que llevaron a su destitución en mayo de 2024. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la decisión unánime de remover a Benavides de su posición como fiscal de la nación, acusándola de «actuar con dolo» y de interferir en una investigación penal contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides. Este escándalo no solo cuestiona su administración, sino también evidencia los profundos problemas de corrupción que han afectado al sistema judicial peruano.
La polémica en torno al caso
Patricia Benavides fue nombrada fiscal general en julio de 2022, con un periodo de mandato estipulado hasta 2025. No obstante, su tiempo al frente se vio empañado por continuas polémicas, destacando principalmente su presunta interferencia en el proceso judicial contra su hermana Enma Benavides. La jueza estaba bajo investigación por supuestos lazos con una red criminal dedicada al tráfico de drogas, además de ser acusada de aceptar sobornos a cambio de liberar a narcotraficantes.
Patricia Benavides asumió como fiscal general en julio de 2022, con un mandato que debía extenderse hasta 2025. Sin embargo, su gestión quedó marcada por constantes controversias, siendo la principal su presunta intervención en el caso contra su hermana Enma Benavides. La jueza era investigada por supuestos vínculos con una organización criminal dedicada al narcotráfico, además de estar acusada de recibir sobornos para liberar a narcotraficantes.
Las imputaciones de la Junta Nacional de Justicia
En el transcurso del proceso disciplinario, la presidenta de la JNJ, María Zavala, sostuvo que Patricia Benavides había incurrido en faltas muy graves al emplear su cargo para interferir en el proceso penal. La Junta también acusó a Benavides de tratar a Revilla de manera degradante al removerla sin una justificación adecuada. Asimismo, se alegó que Benavides apoyó la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de sus sanciones disciplinarias previas y su implicación en una investigación por corrupción.
Durante el proceso disciplinario, la presidenta de la JNJ, María Zavala, afirmó que Patricia Benavides había cometido faltas muy graves al utilizar su posición para interferir en la investigación penal. La Junta también acusó a Benavides de dar un trato degradante a Revilla al destituirla sin una justificación válida. Además, se argumentó que Benavides favoreció la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de que este enfrentaba sanciones disciplinarias previas y estaba siendo investigado por corrupción.
Repercusiones legales y nuevas indagaciones
Consecuencias legales y nuevas investigaciones
Patricia Benavides enfrenta ahora una investigación adicional por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. Esta nueva acusación podría derivar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se desarrollan las indagaciones.
Un impacto en el sistema de justicia peruano
Un golpe para el sistema de justicia peruano
La destitución de Patricia Benavides representa otro episodio oscuro para el sistema judicial de Perú, que en los últimos años ha enfrentado una serie de escándalos de corrupción. La caída de la fiscal general es vista como un reflejo de las profundas divisiones y tensiones políticas dentro del país, agravadas por la percepción de que las instituciones públicas están permeadas por intereses personales y redes de influencia.
Mientras tanto, la decisión de la JNJ es considerada por algunos como un paso necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. No obstante, este caso ha dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar que quienes ocupan altos cargos actúen en interés de la justicia y no de agendas personales.
Patricia Benavides, cuya gestión fue breve pero controvertida, se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
