¿Cómo afectaría eliminar la Central de Riesgos? El debate impulsado por Rixi Moncada en Honduras

La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que de llegar al poder impulsará la eliminación de la Central de Riesgos a partir del 27 de enero de 2026. La propuesta, presentada como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y “democratizar la economía”, ha desatado un intenso debate político y económico en Honduras, al confrontar visiones opuestas sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras y el impacto en la población endeudada.

Un planteamiento disruptivo en el sistema financiero

Moncada sostiene que más de dos millones de hondureños están registrados en la Central de Riesgos y que son tratados como “delincuentes”, lo que, según ella, los margina de oportunidades económicas y de acceso a créditos formales. Su iniciativa apunta a limitar lo que describe como monopolios que operan con tasas de interés elevadas en perjuicio de pequeños productores y emprendedores.

El plan se desarrolla en una historia de confrontación con grupos empresariales y financieros, donde la aspirante de LIBRE intenta posicionarse como opción ante sistemas que percibe como limitadores. Para sus seguidores, la iniciativa significa un recurso de ayuda para familias y empleados agobiados por deudas que no pueden pagar, y a quienes la Central de Riesgos mantiene al margen del sistema crediticio oficial.

Opiniones y alertas desde campos económicos

Desde el sector técnico, las advertencias surgieron rápidamente. El antiguo presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, describió la propuesta como “insensata” y señaló que involucrar la política en el sistema financiero significa “poner en riesgo los recursos de los hondureños”.

Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.

La medida, sostienen los críticos, tendría repercusiones inmediatas en la estabilidad del sistema financiero, al despojar a las instituciones bancarias de un mecanismo central para evaluar la solvencia de los solicitantes de crédito. En este escenario, los riesgos de impago podrían trasladarse a toda la economía, afectando tanto a consumidores como a empresas.

Polarización política y tensiones sociales

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.

Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.

Un debate abierto sobre gobernabilidad económica

El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.

El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.

Por Jaime Navarro