A tan solo cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación delicada, caracterizada por divisiones internas, acusaciones de corruptelas y una notable caída en las encuestas de votación. En un panorama electoral cada vez menos predecible, el desgaste que ha sufrido el partido que gobierna podría llevar a la conclusión de su tiempo en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.
Aunque estas resoluciones parecen firmes, los grupos opositores, particularmente el Partido Nacional, las describieron como movimientos meramente simbólicos para distraer la atención. De acuerdo con sus representantes, las medidas del gobierno no han supuesto sanciones verdaderas ni investigaciones concretas que aseguren la rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
Simultáneamente, contendientes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han incrementado su influencia, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las opiniones de los ciudadanos también reflejan el desgaste gubernamental: la presidenta Xiomara Castro obtiene una puntuación media de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolver y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
La actual coyuntura coloca a LIBRE frente a un desafío de gran magnitud. La combinación de crisis internas, deterioro institucional, pérdida de credibilidad y rechazo ciudadano ha debilitado su posición de cara a las elecciones generales. De mantenerse esta trayectoria, el oficialismo corre el riesgo de no solo perder el control del Ejecutivo, sino de ver comprometido el proyecto político que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.