En un marco de creciente tensión política, la irrupción y actuación de grupos armados asociados a sectores del oficialismo ha levantado preocupaciones sobre el debilitamiento del Estado de derecho en Honduras. Con la aparente impunidad con que estos colectivos actúan, la falta de una respuesta institucional definida ha generado denuncias de juristas y figuras políticas que alertan sobre una potencial configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición en la constitución y falta de liderazgo
La Constitución de Honduras junto con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas determinan de manera clara que únicamente el Ejército está autorizado a estructurarse como una fuerza armada legítima. El artículo 272 de la Constitución prohíbe de manera explícita cualquier forma de milicia popular o grupo armado paralelo, al considerarlos una amenaza directa para el orden y la soberanía del país.
A pesar de este contexto jurídico, grupos alineados con el partido gobernante han aumentado su actividad en diversas áreas del país. De acuerdo con acusaciones divulgadas, dichos colectivos han lanzado amenazas y cometido actos coercitivos sin que las autoridades correspondientes hayan actuado de forma decisiva. Este suceso ha sido visto por diversas partes como un reto a las instituciones y una inquietante muestra de tolerancia estatal hacia estructuras ilícitas.
Acusaciones de laxitud y manipulación social
Diversos expertos legales y críticas de la oposición política han señalado que la falta de respuesta del gobierno ante estos grupos podría convertirse en una manera indirecta de represión política. Consideran que permitir o no intervenir en las acciones de grupos armados no autorizados legalmente, especialmente cuando estos funcionan como herramientas de intimidación o represalia contra opiniones disidentes, bordea peligrosamente lo que el derecho internacional definiría como “terrorismo de Estado”.
Este término describe el uso sistemático de la violencia o intimidación por parte del Estado o bajo su amparo con el fin de controlar a la población civil, reprimir la disidencia y asegurar el poder político. En ese sentido, la omisión estatal frente a amenazas armadas por parte de actores no estatales pero vinculados al oficialismo podría tener implicaciones profundas para la legitimidad democrática del gobierno.
Contexto electoral y riesgos para la democracia
La discusión sobre estos grupos surge en un período especialmente sensible: la nación avanza hacia una nueva elección en un contexto de creciente división y falta de confianza en las instituciones. La existencia de fuerzas armadas al margen de la ley introduce un elemento de incertidumbre y miedo, afectando no solo a los electores, sino también a los actores políticos y sociales, quienes podrían ver restringida su participación debido a condiciones inseguras.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una creciente erosión de garantías fundamentales. A ello se suma el riesgo de que el uso de colectivos armados como fuerza de choque altere el equilibrio político y condicione la libre expresión del sufragio y la participación ciudadana.
Un llamado a la obligación institucional
La proliferación de grupos armados fuera del control legal, junto con la falta de respuesta de las autoridades responsables de asegurar la seguridad y el respeto al marco constitucional, genera serias dudas sobre la dirección institucional del país. A medida que aumentan las tensiones políticas y sociales, la ausencia de una posición clara por parte del Estado podría aumentar la percepción de impunidad y fomentar un ciclo de desconfianza que debilite aún más la estabilidad democrática.
Honduras se encuentra ante el desafío de ratificar su dedicación al Estado de derecho y la legalidad, en una época en que la población demanda claridad, equidad y medidas efectivas para la participación en la política sin miedo ni presión. La resolución de este conflicto definirá el ambiente político nacional en los meses venideros y evaluará la fortaleza de las instituciones democráticas del país.
