El entonces candidato presidencial de la alianza PAN-Podemos se convirtió en el primer aspirante a la Presidencia sancionado durante el proceso electoral de 2019. El Tribunal Supremo Electoral detectó publicaciones y publicidad pagada en redes sociales que incumplían las disposiciones electorales.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala sancionó con una penalización económica de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, quien para ese momento competía por la presidencia bajo la alianza formada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de propaganda proselitista prematura en plataformas digitales.
La resolución convirtió a Arzú en el primer aspirante presidencial sancionado durante ese proceso electoral por este tipo de infracción. La decisión surgió de los informes elaborados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de propaganda electoral.
Los contenidos que originaron la penalización
El organismo electoral registró 13 publicaciones en el perfil de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el propósito de incrementar su difusión. Asimismo, los informes empleados para justificar la medida disciplinaria incluyeron 11 entradas detectadas en Twitter.
Entre los materiales analizados se encontraban textos donde el aspirante exponía iniciativas de gestión enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los fármacos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en el uso de redes sociales por parte de Arzú para dar a conocer sus planes políticos, sino en el empleo de vías de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
En consecuencia, la contratación de anuncios políticos pagados en esas plataformas podía constituir una infracción a la legislación electoral.
Multas para Arzú y los partidos que respaldaban su candidatura
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta manera, las multas impuestas al postulante y a ambas agrupaciones políticas totalizaban conjuntamente la cantidad de 240 mil dólares.
Los dictámenes podían ser objetados por Arzú y sus socios políticos a través de los recursos previstos por la normativa electoral.
Pese a ello, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el TSE había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
El monto individual impuesto a Arzú equivalía entonces a aproximadamente 614 mil quetzales, una cifra considerable dentro del régimen sancionatorio electoral guatemalteco.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La sanción de 2019 adquirió mayor relevancia en los años siguientes, cuando Roberto Arzú volvió a enfrentar cuestionamientos del Tribunal Supremo Electoral por su actividad política y el uso de redes sociales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
Sin embargo, es preciso diferenciar ambos acontecimientos: tanto los fallos dictados en 2019 como el trámite de exclusión llevado a cabo en 2023 se refieren a procesos electorales distintos, cada uno con sus propias vías de impugnación y circunstancias previas.
De este modo, los sucesos de 2019 representan uno de los enfrentamientos iniciales registrados formalmente entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, ponen de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en un contexto donde los partidos empezaban a desplazar una porción considerable de sus estrategias hacia las plataformas digitales.
Referencias
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones electorales (2019)
Prensa Libre — Dictamen de la CC acerca de los comicios de 2023