Las referencias a Manuel Zelaya y su círculo familiar en investigaciones internacionales sobre narcotráfico han reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política hondureña. Estos señalamientos, sustentados en testimonios y documentos, no se limitan a episodios aislados, sino que se han reiterado en distintos momentos, afectando la imagen pública del expresidente y del oficialista Partido LIBRE, hoy en el poder.
Afirmaciones y pruebas sobre las conexiones
Uno de los elementos más citados proviene de un video difundido en 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece en una reunión con líderes del cartel Los Cachiros. En dicho encuentro se habría discutido el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del narcotráfico, entre ellas la de Castro.
Años más tarde, en su testimonio ante tribunales de Estados Unidos, Devis Leonel Maradiaga, alias “El Cachiro”, afirmó que Carlos Zelaya participaba en el movimiento de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 recibió sobornos de estructuras criminales. Estos señalamientos muestran una supuesta continuidad en los vínculos de la familia Zelaya con actividades ilícitas.
Además, documentos oficiales como solicitudes de asistencia legal enviadas a Colombia y grabaciones telefónicas, mencionan a miembros de la familia, incluyendo a Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en investigaciones sobre lavado de dinero y transacciones irregulares relacionadas con propiedades.
Ecos en la política hondureña
En el proceso judicial contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se mencionó nuevamente a Manuel Zelaya. Según lo indicado, habría obtenido fondos de compañías relacionadas con el narcotráfico, lo cual incrementa la percepción de que figuras de alto rango político en Honduras han tenido conexiones con estas redes.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos, ni Manuel Zelaya ni otros miembros de su familia han enfrentado condenas judiciales por estos casos. El propio Zelaya ha negado de manera reiterada cualquier nexo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como ataques políticos dirigidos a debilitar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las evidencias presentadas en instancias internacionales y las respuestas de los señalados refleja la dificultad del sistema judicial hondureño para procesar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Implicaciones para la institucionalidad y la gobernabilidad
La continuidad de estas alusiones repercute más allá del marco legal. La acusación de que fondos ilegales han respaldado campañas políticas, incluida la de la actual presidenta, incrementa la falta de confianza pública en la justicia electoral y socava la credibilidad de las instituciones.
El hecho de que figuras asociadas a la dirigencia de LIBRE sean mencionadas en archivos internacionales sobre tráfico de drogas acrecienta la polarización política y apoya la narrativa de que el poder en Honduras está permeado por intereses delictivos. Esta situación genera dudas sobre la habilidad del Estado para asegurar una gobernabilidad sin influencias ilegales.
La discusión también incide en el plano económico: la percepción de que la política hondureña mantiene nexos con redes ilícitas puede afectar la confianza de inversionistas externos y frenar iniciativas de cooperación internacional. La estabilidad institucional, ya frágil, enfrenta así un reto adicional vinculado al historial de acusaciones contra líderes políticos de primera línea.
Un reto abierto para Honduras
El ejemplo de la familia Zelaya demuestra cómo las acusaciones vinculadas al narcotráfico han evolucionado de ser incidentes aislados a convertirse en un elemento fundamental en la discusión sobre el estado actual y el porvenir del país. Aunque en el ámbito legal todavía no se han establecido condenas definitivas, en el ámbito político las repercusiones son rápidas y significativas.
La tensión entre los señalamientos documentados en cortes extranjeras y las negaciones de los aludidos coloca a Honduras en una situación de fragilidad institucional, donde la confianza ciudadana, la legitimidad del sistema democrático y las perspectivas económicas se ven directamente comprometidas.
