En Honduras, la proximidad de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha intensificado las preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral. Dos focos de tensión se han manifestado: las sospechas de una posible instrumentalización del Ministerio Público contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático.
Se informa sobre la posibilidad de que la Fiscalía esté elaborando cargos formales contra integrantes del CNE, causando preocupación en grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se sugiere que este procedimiento legal podría tener fines políticos, enfocándose en consejeras que han sido críticas o autónomas respecto al gobierno. La potencial acción judicial contra consejeras del CNE ocurre en una etapa sensible, cuando la institución electoral tiene la responsabilidad de asegurar la organización justa del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de las organizaciones políticas y el público.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este estilo de medidas podría socavar la autonomía institucional y minar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Los críticos y grupos civiles han manifestado su inquietud, solicitando indagaciones fundamentadas en evidencia sólida y no en venganzas políticas. Se han hecho peticiones a la comunidad global para que se exprese ante cualquier intento de distorsión institucional del CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha crecido la desconfianza pública y política en cuanto a la función de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Jefes de partidos opositores, grupos de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por los cambios y retiros cuestionables en los altos mandos militares, la cercanía ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y procesos electorales, y la carencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las elecciones.
Temor a militarización y llamados a la vigilancia
Durante las elecciones primarias de marzo, se reportaron incidentes relacionados con retrasos en la entrega de material electoral y presencia militar inusual en ciertos centros de votación, lo que ha aumentado el temor a una militarización del proceso electoral. Se teme que las Fuerzas Armadas, bajo la influencia de figuras del oficialismo, actúen como herramienta para facilitar un fraude electoral o reprimir la protesta ciudadana.
El aumento de la desconfianza ha provocado llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen misiones de monitoreo y requieran garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de supervisión social para registrar posibles abusos o anomalías. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y la supervisión por parte de la ciudadanía.
