En Honduras, el panorama de la libertad de prensa ha cobrado una importancia notable recientemente, caracterizado por un aumento en los casos de violencia, amenazas y falta de consecuencias contra periodistas y medios. Varios informes y datos oficiales han puesto de manifiesto un ambiente progresivamente más adverso para el oficio periodístico, donde la presión de tipo institucional y económica se mezcla con acciones directas de hostigamiento y campañas de desprestigio.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo amenazas físicas, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha socavado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto en el ámbito nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de monitoreo continuo y solicitudes para salvaguardar los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia para los periodistas
Entre 2001 y finales de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han perdido la vida de manera violenta en Honduras, con una tasa de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, el acoso y las restricciones en plataformas digitales se han establecido como las maneras más comunes de agresión, afectando tanto a comunicadores individuales como a organizaciones mediáticas en varias partes del país. En los últimos años, se han reportado ataques a 64 medios, lo que indica un patrón constante de hostigamiento y criminalización.
La situación económica ha afectado a los medios de comunicación, impactando su operatividad e independencia editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o a cesar por completo. Los procesos judiciales y la escasez de recursos son factores cruciales en este deterioro. Organizaciones internacionales han clasificado a Honduras como uno de los países con más dificultades para el periodismo en América Latina, colocándolo en los últimos lugares en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, diversas entidades nacionales e internacionales han solicitado al gobierno de Honduras que asegure la protección de los periodistas y que respete la libertad de expresión, considerándolos elementos básicos para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas corporativas y reacción comunitaria
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras implementaron una campaña mediática en contra de periodistas críticos, empleando su medio oficial de comunicación para desacreditar a conocidos reporteros. En una publicación reciente de su diario institucional, se destinaron varias páginas para mencionar a tres periodistas, incluyendo fotografías y descripciones que los tildaban de adversarios del Estado, sin proporcionar evidencia tangible.
Este incidente provocó una respuesta instantánea del sector periodístico y de grupos de derechos humanos, los cuales repudiaron la iniciativa calificándola como un asalto institucional sin paralelo proveniente de las máximas instancias del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas y distintos segmentos de la sociedad hondureña han sostenido una actitud de vigilancia, demandando claridad y respeto por los derechos esenciales, así como el fin de cualquier tipo de acoso hacia la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio emitido por la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado el interés de la sociedad y ha provocado expresiones de apoyo de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, visto como amenazante, fue una respuesta a los comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en la utilización de fondos públicos. Diferentes sectores han remarcado que la tarea de informar y llevar a cabo una supervisión de las entidades es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado al Estado evitar declaraciones que puedan intimidar de manera directa o indirecta a reporteros y medios, resaltando el deber estatal de resguardar la libertad de pensamiento y expresión. Este tipo de situaciones ha sido visto como un esfuerzo por restringir el trabajo informativo y crítico del periodismo nacional, lo cual ha aumentado la inquietud sobre el uso del poder estatal para reducir el ejercicio periodístico en Honduras.
