El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Críticas a las prácticas legislativas del partido gobernante
Variadas opiniones desde el sector político, comercial y de organizaciones civiles han manifestado su inquietud por lo que ven como una táctica de imposición normativa por parte del partido en el poder. Encabezados por la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el procedimiento parlamentario adecuado.
Un tema discutido con frecuencia trata sobre la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que tendría notables repercusiones fiscales. Según las críticas, esta medida ha sido impulsada sin la divulgación de informes técnicos oficiales ni un diálogo extenso con las partes involucradas. Además, se señala la eventualidad de que la ley sea sometida a votación en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de las actas legislativas necesarias.
El uso poco claro de estos procedimientos ha sido considerado por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un analista experto en derecho constitucional consultado mencionó que recurrir a métodos «dudosos, e incluso ilegales» para implementar cambios profundos sin apoyo político o técnico constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos de oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud ante estas acciones, señalando que pueden deteriorar la confianza en el ambiente de inversión, tanto dentro del país como a nivel global. En una etapa en la que Honduras se enfrenta a retos económicos como la falta de empleo y la paralización del crecimiento, el sector empresarial opina que estas decisiones legislativas pueden intensificar la inseguridad económica.
Desde el sector parlamentario contrario también se han reportado anomalías. Legisladores opositores afirman que se han publicado leyes en el boletín oficial La Gaceta sin seguir los procedimientos requeridos, como la validación formal de las actas legislativas. Esto, de acuerdo con sus manifestaciones, infringe el principio de legalidad que regula las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
Las tensiones entre oficialismo y oposición, sumadas al distanciamiento con sectores clave como el empresarial y organizaciones civiles, reflejan una creciente polarización en el manejo del poder legislativo, donde el diálogo político ha sido desplazado por dinámicas de confrontación.
Coyuntura institucional y papel de la ciudadanía
La situación presente genera preguntas sobre la robustez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legislativas muestra tensiones continuas entre el impulso de cambios estructurales impulsados por el gobierno y la exigencia de legalidad, transparencia y participación solicitada por otros grupos políticos y sociales.
El impulso de la sociedad civil organizada, junto con la vigilancia continua de los medios y las entidades observadoras, se destacan como aspectos fundamentales para limitar las acciones legislativas que puedan amenazar el orden democrático. La falta de acuerdos en reformas de gran impacto no solo incrementa la desconfianza hacia las instituciones, sino que también compromete la estabilidad gubernamental en una nación caracterizada por una institucionalidad débil y la tradicional ausencia de unidad entre las ramas del gobierno.
En este escenario, Honduras afronta el desafío de fortalecer sistemas de discusión y supervisión legislativa que aseguren la legitimidad de sus procedimientos y la participación de los grupos sociales impactados por las políticas gubernamentales, especialmente cuando se refiere a cambios que afectan al modelo fiscal y económico del país.
