La Propuesta de Ley de Justicia Tributaria de Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las potenciales repercusiones que podría ocasionar en la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se considera un medio para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y extensión han sido entendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
La propuesta incluye suprimir los regímenes de exenciones fiscales, incrementar los impuestos y otorgar más discrecionalidad al Estado en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por parte del sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la producción, lo cual ha creado incertidumbre y preocupación en el panorama económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diferentes asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto nacionales como internacionales han señalado que el proyecto legislativo podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha alertado que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir notablemente la inversión extranjera directa. Asimismo, compañías en las zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando abandonar el país o disminuir sus actividades, lo cual afectaría directamente el empleo formal y la economía del país.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Situación regional, política y discusión sobre la equidad fiscal
El diálogo sobre la reforma de la Ley de Justicia Fiscal se lleva a cabo en un contexto específico, tanto a nivel regional como político. La supresión de los beneficios tributarios podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana preservar mecanismos efectivos para atraer inversiones y mantener estabilidad económica, vistos como elementos cruciales para su competitividad. Este escenario podría impactar la posición de Honduras en la región de Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a potenciales inversores como a los actuales, quienes podrían decidir trasladar su capital a naciones que ofrecen condiciones empresariales más ventajosas.
El entorno político e ideológico ha afectado la imagen del proyecto, dado que ciertos sectores corporativos ven el mensaje gubernamental como opuesto a los intereses empresariales y en sintonía con sistemas económicos que han generado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible transformación del modelo económico local sin un plan estratégico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
Por otro lado, los defensores de la Ley de Justicia Tributaria argumentan que las exoneraciones fiscales han contribuido a la concentración de riqueza y a la reducción de la capacidad estatal para financiar políticas públicas orientadas a la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Según datos oficiales, el 92 % de las exoneraciones se concentra en el 10 % de las empresas más ricas, mientras que el 90 % restante de las empresas solo accede al 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras debido a estos regímenes.
El plan no introduce nuevos impuestos ni eleva las tarifas ya existentes. Busca cerrar lagunas legales y mejorar la recaudación de tributos directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, eliminar esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría forzar el cierre de muchas compañías que operan bajo este sistema. El COHEP ha indicado que la propuesta para garantizar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una medida que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se encuentra ante un significativo reto en su economía
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.
