La imposición obligatoria del reconocimiento biométrico para usuarios de servicios móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, abarcando el ámbito político, jurídico y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dicta que los ciudadanos deben autenticar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. De no cumplir con esta disposición, existe el riesgo de perder los números actuales, lo que ha generado preocupación entre la población y diversos sectores.
El sistema de validación biométrica requiere que las personas proporcionen una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para confirmar quiénes son. CONATEL sostiene que esta medida pretende luchar contra crímenes como la extorsión y el uso de líneas telefónicas sin identificar, que complican el trabajo de los cuerpos de seguridad. No obstante, esta acción ha suscitado dudas respecto a su legalidad, transparencia y las posibles repercusiones en la privacidad de la población.
Debates legales y políticos sobre la autentificación biométrica
Diversos actores políticos y sociales han expresado su preocupación respecto a la legalidad y el manejo de los datos biométricos recolectados. El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha señalado que la medida carece de un respaldo legal adecuado, calificándola como «completamente ilegal» y recomendando a la ciudadanía no cumplir con la disposición hasta que exista un marco normativo claro que regule la recolección y uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja un debate sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Además, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el uso político que se le podría dar a la información biométrica, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la capacidad legal para gestionar datos biométricos, cuestionando así la capacidad de CONATEL para ejecutar esta propuesta. Estas objeciones reflejan la inquietud acerca de la posible manipulación política de información delicada y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
En su respuesta, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la decisión indicando que es lícita, clara y respetuosa. También ha desmentido que la validación biométrica tenga propósitos electorales y ha puntualizado que el proceso es administrado por las compañías telefónicas, no directamente por el gobierno. Además, ha mencionado que no se está desarrollando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se usarán para objetivos diferentes a los especificados, intentando así eliminar las preocupaciones sobre el manejo de la información.
Visiones y futuros rumbo en la discusión acerca de la identificación biométrica
CONATEL ha sido citada para presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 con el fin de detallar los aspectos técnicos y legales de la verificación biométrica. Esta reunión será fundamental para tratar las inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la claridad del procedimiento, y podría afectar la continuación o alteración de la política.
La opinión pública ha mostrado un amplio debate en redes sociales y foros ciudadanos, donde muchos usuarios expresan su descontento y preocupación por la posible vulneración de su privacidad y la falta de claridad en la implementación. Algunos incluso han manifestado su intención de no cumplir con la validación, cuestionando la capacidad de las autoridades para desactivar millones de líneas telefónicas sin afectar gravemente las comunicaciones en el país.
