La reciente coyuntura política en Honduras ha estado marcada por la movilización ciudadana en defensa de la pluralidad democrática y la inclusión política. En Tegucigalpa, un grupo diverso conformado por miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes universitarios, líderes comunitarios y ciudadanos independientes se congregó frente al Congreso Nacional para realizar una vigilia pacífica. El objetivo principal de esta manifestación fue exigir garantías plenas y respeto para los partidos políticos minoritarios en el contexto del proceso electoral que culminará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, caracterizada por el uso de velas y pancartas, sirvió como respuesta simbólica ante lo que los participantes consideran una amenaza al sistema multipartidista, en medio de denuncias de presiones, bloqueos administrativos y marginación mediática hacia partidos emergentes.
El evento también sirvió como plataforma para criticar acciones que, según los asistentes, obstaculizan la participación justa en el intercambio de ideas, imponen barreras sin justificación para registrar nuevos partidos y perpetúan historias oficiales que desacreditan a los grupos no convencionales. Asimismo, se destacó el empleo de recursos gubernamentales para beneficio de los partidos en el poder. Durante la manifestación, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando igualdad de oportunidades, claridad en el acceso a los medios estatales y resguardo contra el hostigamiento político hacia los aspirantes independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El proceso electoral en Honduras para 2025 se lleva a cabo en medio de una notable tensión y polarización. Las elecciones primarias, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios se vieron afectados por demoras sustanciales en la distribución de los materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que facciones de la oposición señalaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial, por presunta manipulación de los eventos.
Dentro de este contexto, los partidos nuevos han expresado críticas hacia iniciativas legislativas que intentan adelantar la fecha tope para entregar las planillas, lo cual ven como una acción que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas medidas se suman a las quejas sobre el uso desigual de fondos públicos y la carencia de acceso equitativo a los medios de comunicación del Estado. La inquietud de la sociedad civil y de los partidos más pequeños se centra en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se afiancen de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la supervisión constante de la comunidad civil sobre el curso democrático. Los participantes presentaron oficialmente sus peticiones a las autoridades electorales, requiriendo la garantía de condiciones equitativas para todos los partidos registrados y asegurando la claridad en la distribución de espacios en los medios públicos. Asimismo, demandaron una protección eficaz contra el hostigamiento político, especialmente para los candidatos independientes o de grupos políticos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, iniciado después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por divisiones y momentos de crisis interna, como el conflicto en la elección de la mesa directiva y el desmembramiento de grupos parlamentarios. Este entorno ha potenciado la percepción de que hay acciones que benefician a los partidos tradicionales, complicando la integración de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es fundamental para la democracia en Honduras.
