El problema causado por la gigantesca estafa piramidal de la empresa Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los ciudadanos piden al gobierno de Honduras medidas efectivas. Personas afectadas de diversas áreas del país señalan la falta de acción de las instituciones ante una situación que ha provocado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La reacción del gobierno, que hasta ahora ha sido limitada, ha incrementado las críticas públicas y reavivado dudas sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para evitar y castigar fraudes de esta magnitud.
Denuncias públicas e institucionales bajo cuestionamiento
Las protestas más recientes se caracterizaron por lemas que apuntan al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a organismos del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman haber sido víctimas de un esquema financiero engañoso, y hasta ahora no se ha definido un plan de compensación ni se han localizado culpables directos de forma eficiente.
Una de las críticas más importantes se centra en la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales sobre las operaciones irregulares de Koriun, sin haber tomado medidas preventivas o correctivas. Estas circunstancias han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha aumentado la desconfianza en la supervisión gubernamental del sistema financiero no bancario.
Oposición al uso de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desechado sugerencias no oficiales que proponen emplear recursos del estado para resarcir las pérdidas causadas por la estafa. La sugerencia de utilizar fondos públicos ha sido vista por los manifestantes como una acción inadecuada que trasladaría la carga del fraude a toda la población, en vez de perseguir a los autores directos y partícipes del esquema piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosas pancartas dejaron claro el descontento con las decisiones tomadas por las autoridades. Frases como “El Gobierno también tiene culpa” y “Koriun defraudó, el Estado encubierto” sugieren una historia donde no solo los autores de la estafa, sino también las entidades de supervisión y judiciales, tienen parte de responsabilidad por la falta de acciones rápidas.
Simultáneamente, la falta de progresos evidentes en el Ministerio Público ha provocado críticas de grupos ciudadanos que sienten una carencia de compromiso político para alcanzar una solución judicial efectiva del caso. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de fricción entre la población civil y el sistema judicial.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Dado el estancamiento en los progresos, grupos cívicos han comunicado la planificación de más días de manifestaciones y han considerado la opción de llevar el conflicto a niveles internacionales. Para ciertas partes, recurrir a procesos legales en el ámbito internacional se considera un modo de ejercer presión sobre el Estado hondureño para que cumpla con sus obligaciones en lo que respecta a justicia y compensación.
El conflicto ha mostrado no solo la magnitud del fraude, sino también las carencias estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de respuesta ante delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha centrado el debate nacional en la necesidad de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un entorno de creciente desconfianza institucional.
Una visión caracterizada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la tardanza institucional. La incertidumbre respecto a la gestión de los recursos, la culpabilidad de los involucrados y el papel de las entidades reguladoras ha puesto al Gobierno bajo un escrutinio intenso. El desafío para las autoridades y el sistema judicial no es solo solucionar el caso, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de las personas en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.
