El enojo de los más de 35.000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es objeto de críticas debido a su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman desatención por parte de la entidad responsable de la supervisión financiera y señalan una carencia de reacción tanto en el campo judicial como administrativo.
La omisión de la CNBS ante el fraude
Desde que se notificaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar que el fraude alcanzara tal escala. Aunque recibió notificaciones oficiales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control por varios meses. Hoy en día, los culpables del fraude permanecen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Diversos sectores del país han señalado que la CNBS no solo falló en detectar el fraude a tiempo, sino que también ha sido omisa al no proporcionar la información pertinente sobre el manejo de la situación. Según un abogado defensor de los afectados, esta falta de acción del organismo supervisor no hace más que agravar la situación: «Es insostenible que un organismo supervisor no haya detectado una estafa de esta magnitud a tiempo. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en dar la cara».
Solicitudes de intervención internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y la creciente insatisfacción entre las personas afectadas, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar sus demandas más allá de los límites nacionales. Entidades civiles y damnificados están solicitando de manera formal el respaldo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que estas entidades supervisen la gestión de la crisis y, especialmente, la conducta de las instituciones hondureñas en relación con el escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado debe salvaguardar a los ciudadanos, no proteger a los defraudadores. Esto representa un doble delito: el cometido por Koriun y el permitido por la CNBS al permanecer inactiva». Este sentimiento refleja la desconfianza en la habilidad de las autoridades nacionales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gestión gubernamental
El escenario destaca nuevamente las debilidades del mecanismo de supervisión financiera en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la transparencia y la justicia. La falta de una acción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría tener repercusiones más significativas en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la gobernanza del país.
Los perjudicados, en tanto, continúan aguardando una solución que les permita recobrar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y la falta de claridad en torno al caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente a la creciente desconfianza en la gestión de crisis de esta naturaleza.
