La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza fundamental de su plataforma gubernamental, la propuesta no se materializó y no se implementará durante el actual mandato, que finaliza en enero de 2026. Con esta desistimiento implícito del proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había despertado expectativas importantes entre la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH estuvo caracterizado por repetidos retrasos, extensiones que no llevaron a resultados y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del descalabro, comunicado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, en su opinión, incluyen tanto impedimentos legislativos como elementos externos. Sin embargo, para varios grupos de la sociedad, esta justificación no es suficiente.
La promesa rota que debilitó la confianza
Voces vinculadas a la sociedad civil y al ámbito internacional coinciden en que la responsabilidad principal recae en la administración actual. Para analistas y observadores del proceso, el problema no fue la falta de condiciones externas, sino la carencia de determinación política por parte del Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos.
Desde este punto de vista, el hecho de que la CICIH no se haya implementado no es una casualidad ni un desenlace inevitable, sino una elección deliberada. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien cuestionó abiertamente al Gobierno por dejar de lado una promesa que generó grandes expectativas. Estas críticas fueron respaldadas por Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue clara al acusar al oficialismo de haber empleado la CICIH como una herramienta de campaña sin una verdadera intención de proceder con su establecimiento.
Un plan contra la corrupción sin respaldo institucional
La salida de la CICIH del panorama nacional conlleva consecuencias que van más allá del ámbito administrativo. La falta de progresos tangibles ha fortalecido la idea de que el combate a la corrupción carece de herramientas efectivas y de voluntad política. La confianza en el Gobierno en este asunto está en entredicho, en una época donde las exigencias por transparencia y responsabilidad continúan siendo necesarias.
Con un horizonte institucional que no contempla ya la instalación del mecanismo internacional, Honduras pierde una oportunidad significativa para enfrentar de manera estructural la impunidad. El margen de tiempo restante en la actual gestión hace improbable cualquier intento serio de revertir este escenario, dejando a la ciudadanía con una promesa vacía y sin una alternativa inmediata que compense la ausencia del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema del cambio en el sistema político ha acabado por ser solo un elemento más en la lista de promesas sin cumplir, debilitando de esta manera el discurso del gobierno sobre la batalla contra la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de la población.
