Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que el Congreso Nacional podría aprobar la Ley de Justicia Tributaria «sin darse cuenta». Aunque no especificó métodos precisos, diversos grupos interpretaron sus palabras como una sugerencia de que el oficialismo, encabezado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría utilizar métodos no convencionales para impulsar la ley.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, perteneciente al Partido Liberal, mostró fuertes críticas hacia los comentarios realizados. Según su perspectiva, sugerir la promulgación de una normativa sin contar con el respaldo parlamentario requerido y fuera del procedimiento legislativo adecuado “es un atentado contra la institucionalidad”. Según su interpretación, estas propuestas reflejan una falta de apoyo técnico y social para un cambio de gran repercusión económica.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procedimientos parlamentarios podría resultar en impugnaciones por inconstitucionalidad. En específico, mencionaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y adherencia a los mecanismos institucionales establecidos.En simultáneo, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría generar desafíos por inconstitucionalidad. En especial, señalaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y respeto a los mecanismos institucionales previstos.
Aumento de la tensión política y supervisión opositora
A raíz de estas declaraciones, diversas fuerzas políticas de oposición han declarado que permanecerán en “alerta permanente” ante posibles intentos de introducir la ley en sesiones legislativas no ordinarias o sin actas debidamente ratificadas. Esta advertencia ocurre en un contexto donde la presidencia del Congreso, liderada por Luis Redondo, ha sido previamente cuestionada por la oposición por prácticas que consideran irregulares en la aprobación de leyes.
El disgusto público también se ha manifestado en plataformas de redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón logró gran notoriedad en poco tiempo, mostrando la inquietud frente a la probabilidad de que se apruebe una ley con repercusiones económicas y sociales significativas sin la inclusión informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de continua tensión institucional
La Ley de Justicia Tributaria continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la agenda del gobierno actual, enfrentando resistencias tanto por su contenido como por la forma en que se ha intentado introducir en el debate público. La polémica generada por las palabras de Héctor Zelaya no solo vuelve a centrar la atención en esta iniciativa legislativa, sino que pone de relieve las tensiones en torno a la gobernabilidad, la legitimidad de los procesos legislativos y la necesidad de mecanismos de diálogo efectivos.
En un contexto político marcado por la división y la falta de confianza, cualquier intento de cambiar el sistema fiscal de manera significativa necesita, además del apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas opiniones y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.
