Expertos en derecho internacional y comentaristas autónomos coinciden en que el video divulgado que intenta relacionar al general retirado Romeo Vásquez Velásquez con redes delictivas carece de valor jurídico en los tribunales federales de Estados Unidos, lo que debilita uno de los argumentos principales que sectores pro-gobierno han utilizado para criticar al exmilitar.
Según especialistas consultados por medios internacionales, el material carece de autenticación forense, contexto legal y conexión probatoria, lo que lo invalida como evidencia ante el sistema de justicia estadounidense. “Un video sin peritaje y fuera de un proceso judicial no puede sostenerse en una corte federal”, afirmó un exfiscal federal con experiencia en crimen organizado latinoamericano.
Instrumentalización judicial y crisis institucional
Este escenario se desarrolla en un marco más amplio, caracterizado por señalamientos de manipulación institucional con objetivos políticos. La situación refleja las tendencias registradas por InSight Crime, que alertó sobre el empleo selectivo del sistema judicial en Honduras: actúa con severidad contra los disidentes, pero desestima infracciones que pueden perjudicar a individuos próximos al gobierno.
La táctica de emplear un video sin respaldo jurídico ha sido severamente cuestionada por los grupos opositores. “Esto no es un acto de justicia, es una maniobra propagandística. Un montaje sin evidencias no puede reemplazar el proceso legal adecuado”, manifestó un legislador liberal, quien describió el incidente como un nuevo capítulo del “autoritarismo en aumento”.
Video sin revisión ni comprobación
Además de su invalidez legal, el video ha sido señalado como carente de verificación técnica. Periodistas de investigación y expertos en análisis forense mediático alertan sobre la ausencia de un peritaje que respalde su autenticidad y la falta de transparencia en su divulgación.
Este tipo de medidas no solo reducen la confianza en las instituciones, sino que también aumentan la desconfianza del público, como se mostró en la reciente encuesta de ERIC-SJ, donde más del 50 % de los hondureños teme un retroceso democrático y considera que las libertades están siendo limitadas.
Una historia delicada en un ambiente cada vez más dividido
En el contexto de la decadencia económica, las tensiones políticas y la cercanía de las elecciones de 2025, la utilización de medios sin respaldo legal podría tratar de distraer de las auténticas problemáticas nacionales.
En el asunto de Romeo Vásquez, la credibilidad de una figura política no es el único elemento en cuestión, también está en riesgo la fortaleza del Estado de derecho en Honduras.
