La ONU ha realizado un llamado urgente al Estado de Honduras para que finalice el estado de excepción actual antes de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con la organización internacional, la extensión de esta medida especial supone un peligro directo para el ejercicio de derechos esenciales, ya que restringe libertades cruciales como el libre tránsito, la reunión y la protesta pacífica. La ONU advierte que prolongar un estado de excepción sin la adecuada supervisión puede dañar la credibilidad del proceso electoral y afectar el entorno democrático en el país.
En su declaración, la institución enfatiza que las elecciones deben realizarse en un ambiente sin intimidación ni restricciones injustificadas. La prolongación del estado de emergencia podría provocar un ambiente de temor incompatible con un proceso electoral transparente y equitativo, además de incrementar el riesgo de abuso de poder y restringir la movilización de actores políticos y sociales. Por tanto, se hace un llamado al pleno restablecimiento de las garantías constitucionales para asegurar condiciones de participación justas.
Riesgos asociados al estado de excepción en el contexto electoral
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos asociadas al sistema de la ONU han indicado que la continuidad del estado de excepción en Honduras aumenta el peligro de acciones autoritarias y tiene un impacto directo en la participación política de grupos opositores y entidades civiles. La restricción de derechos como la protesta y el congregarse pone en riesgo el progreso democrático, sobre todo en tiempos de elecciones.
La especialista en derechos civiles y políticos ha enfatizado que no es posible la coexistencia entre represión y democracia. La prolongación del estado de emergencia podría debilitar la legitimidad del proceso y reducir la confianza del pueblo en las entidades responsables de asegurar elecciones libres.
Petición para asegurar un proceso de elecciones claro y justo
Ante esta situación, las Naciones Unidas han instado a los responsables en Honduras a reintegrar completamente los derechos constitucionales que fueron suspendidos y asegurar la libertad de expresión, protesta y movilización ciudadana durante las elecciones. También han destacado la necesidad de reforzar la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) como organismo autónomo y facilitar la supervisión nacional e internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
La entidad internacional determina que no se puede progresar hacia comicios legítimos bajo un régimen de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática del país, es esencial que se elimine esta disposición extraordinaria y se fomente una participación ciudadana activa, en condiciones de igualdad y con total respeto a los derechos fundamentales.
