La reciente validación de cambios al Código Penal en Honduras ha provocado preocupación en diversos ámbitos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo dentro del marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un contexto donde se acercan las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían emplearse para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
El Parlamento Nacional implementó modificaciones que incrementan las sanciones para crímenes relacionados con la protesta social, subrayando la inserción del artículo 378-A. Esta normativa especifica que cualquier acto de protesta realizado por dos o más personas puede resultar en un aumento de la pena de prisión, que se extiende de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Asociaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible uso de estas enmiendas para criminalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el derecho penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las modificaciones al Código Penal han generado críticas de organismos tanto nacionales como internacionales. El aumento en la severidad de las penas para aquellos que tomen parte en manifestaciones colectivas se ha visto como un posible medio para desalentar la movilización de la ciudadanía. Entidades defensoras de los derechos humanos afirman que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos básicos. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas normativas se apliquen en momentos de tensión política o electoral, cuando suele aumentar la protesta ciudadana.
La vivencia de las votaciones de 2017, donde se informaron arrestos injustificados y represión de protestantes, intensifica el miedo de que escenarios parecidos puedan repetirse con la nueva normativa. En este ambiente, colectivos ciudadanos y figuras políticas han alertado sobre el peligro de que convertir la protesta en un delito se torne en un medio para controlar la disidencia y limitar la involucración ciudadana en procesos políticos importantes.
Reacciones internacionales y llamados a la revisión
La inquietud sobre el efecto de estas reformas ha cruzado las fronteras del país. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las recientes modificaciones del Código Penal en Honduras. Ambas organizaciones han llamado al Estado para que revise las reformas a fin de garantizar que no se violen los derechos básicos de la población.
En este escenario, se destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la legislación penal sea utilizada como instrumento para reprimir la disidencia y las manifestaciones pacíficas. El debate sobre el alcance y la aplicación de estas reformas continúa abierto, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.
