A más de un año y medio del inicio del estado de excepción impulsado por el Gobierno de Xiomara Castro, los niveles de violencia y criminalidad en Honduras no presentan una disminución sostenida, lo que ha intensificado el debate en torno a la efectividad de esta medida en el contexto de la seguridad nacional.
Desde que fue aprobado en diciembre de 2022, el estado de excepción se propuso como una solución rápida para afrontar el control territorial ejercido por maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su aplicación constante por más de 18 meses junto con las sucesivas extensiones no han conseguido frenar acontecimientos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que impactan directamente en sectores estratégicos de la economía y la vida diaria.
Continuidad del crimen y percepciones de los ciudadanos
Varios reportes de entidades sociales y cifras de las fuerzas de seguridad indican que las bandas delictivas mantienen una notable habilidad para amedrentar, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Empresarios, conductores y habitantes persisten en reportar extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado mantiene fuerzas militares y policiales bajo el régimen de excepción.
Los líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han indicado que “la población continúa sintiéndose atemorizada” y no se observan avances significativos en la seguridad. Estas declaraciones resaltan que la criminalidad sigue dominando zonas completas, mientras las autoridades muestran estadísticas que no corresponden con la situación en las calles, lo cual ha incrementado la desconfianza de la población.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
La declaración de estado de emergencia se ideó como una respuesta excepcional al crimen organizado, proporcionando poderes especiales para la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada debido a su extensión prolongada y la falta de un plan completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) junto con entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas relacionadas con arrestos injustificados y violaciones a derechos esenciales. Asimismo, especialistas en seguridad subrayan que la militarización sin estrategias de inteligencia no ha logrado resultados duraderos ni ha afectado las organizaciones delictivas.
“La reacción gubernamental ha sido más de imposición que de planificación”, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido desarrollar un modelo de intervención fundamentado en prevención, justicia y colaboración entre instituciones.
Exigencias para una política de seguridad completa
Dado el estado permanente de excepción y la constante presencia de extorsiones, un delito que afecta significativamente la economía informal, el transporte público y la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido una evaluación técnica de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha expresado preocupación por la falta de resultados concretos y ha llamado a un rediseño del enfoque de seguridad, con participación de especialistas en justicia, organizaciones sociales y cooperación internacional. “Honduras no necesita más shows mediáticos. Necesita resultados reales”, declaró un portavoz del sector empresarial, al exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de medidas excepcionales.
Retos para las instituciones en un entorno de violencia constante
La extensión del estado de emergencia sin una evaluación pública de su eficacia pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad inmediata de frenar la violencia y la obligación de mantener el orden democrático junto a los derechos básicos. En un país caracterizado por la debilidad de sus instituciones y una desconfianza marcada hacia las autoridades, la atención en la seguridad continúa siendo un elemento de discordia entre el Gobierno, los grupos sociales y la población.
El reto principal al que se enfrenta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución perdurable que una el control del crimen con una política pública completa, legítima y con participación inclusiva. Por otro lado, la persistencia de la violencia y la sensación de inseguridad mantienen preocupada a una ciudadanía que sigue aguardando respuestas eficientes y sostenibles.