La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha motivado la suspensión de inversiones millonarias, la cancelación de expansiones empresariales y el traslado de operaciones a otros países de Centroamérica, donde los marcos legales se perciben como más estables y predecibles. La comunidad empresarial hondureña sostiene que los cambios fiscales repentinos y sin diálogo multisectorial han creado un entorno de negocios impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y paraliza proyectos de gran escala que son esenciales para el crecimiento sostenido del país.
El ámbito productivo del país advierte que suprimir las exenciones e incentivos tributarios, considerados en la legislación, debilitaría uno de los elementos esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos en economía coinciden en que la medida podría causar una salida de capitales, el retiro gradual de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando directamente en la competitividad y la creación de empleo formal en áreas esenciales como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la inestabilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
Los cambios fiscales repentinos han provocado efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, y la anulación de iniciativas energéticas, turísticas y agrícolas que podrían haber creado miles de empleos. Honduras ha visto una disminución en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que incrementa la percepción de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la normativa tiene como objetivo la equidad fiscal, expertos señalan que los costos ocultos de esta situación superarán a cualquier ingreso adicional previsto, puesto que el capital suele preferir lugares más seguros y acogedores.
En contraste, la desaparición de beneficios fiscales, que históricamente se han usado para captar inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la anulación de proyectos de expansión empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Esta situación perjudica particularmente a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son responsables de más del 70 % del empleo a nivel nacional, enfrentando nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta multisectorial.
Solicitud de una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, las industrias han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que establezca un diálogo técnico con diversos sectores. Creen esencial crear una reforma fiscal equilibrada que no perjudique la inversión ni los trabajos, sino que fortalezca a Honduras como un lugar confiable para invertir y crear posibilidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como la mayor dificultad para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de crecimiento.
El peligro de asfixiar al sector privado, particularmente a las MIPYMES, es una preocupación fundamental, dado que estas compañías forman el cimiento del empleo en la nación. La introducción de nuevos impuestos sin el soporte técnico adecuado puede complicar aún más la viabilidad de estos comercios y restringir la habilidad de Honduras para competir regionalmente. Por ende, el país está en un punto crucial entre consolidarse como un lugar accesible al capital o seguir un modelo que limite la producción y la inversión.
