Varios miembros del sector privado de Honduras manifestaron inquietud por la posible implementación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Gobierno que está siendo evaluada en el poder legislativo y que, de acuerdo a sus estimaciones, podría modificar considerablemente el panorama económico nacional. Las advertencias surgen en un escenario caracterizado por la ralentización económica y un aumento en las exigencias sociales, lo que ha avivado la discusión sobre el rol del Estado en política fiscal.
Perspectiva de las empresas sobre el plan del gobierno
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un representante del COHEP indicó que, si se implementa, la regulación podría crear un ambiente desfavorable para las inversiones, provocando una serie de efectos que abarcan despidos en gran escala, alza en la inflación y el traslado de empresas hacia economías con una regulación más estable. Las objeciones se enfocan sobre todo en la eliminación de beneficios fiscales que, de acuerdo con los empresarios, han sido fundamentales para el desarrollo de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Efectos anticipados sobre empleo, precios y competitividad
El ámbito empresarial destacó tres repercusiones principales que, en su opinión, surgirían con la adopción de esta normativa:
- Disminución del empleo formal: compañías que hoy en día funcionan bajo sistemas especiales de exoneración podrían verse forzadas a reducir su plantilla o cerrar sus actividades debido al aumento de sus gastos. Las áreas económicas más afectadas serían las enfocadas en exportaciones y aquellas situadas fuera de los grandes centros urbanos.
- Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura impositiva resultaría, según las estimaciones privadas, en un incremento de los precios de bienes esenciales como alimentos, medicinas, transporte y servicios básicos. Esta situación impactaría especialmente a los sectores de menores ingresos, ya que los costos adicionales se trasladarían al consumidor final.
- Éxodo de capital y talento: un aspecto de preocupación es la posible migración de empresas e inversiones hacia naciones vecinas con entornos regulatorios considerados más estables. Este fenómeno, advierten, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de resultar en una gran pérdida de empleo calificado.
Requerimientos de conversación y análisis legislativo
Frente a esta situación, los diversos sectores empresariales solicitaron al Congreso Nacional detener la aprobación de la ley hasta que se promuevan espacios para el diálogo técnico y participativo. Los representantes del sector privado expresaron que una reforma fiscal necesita consensos amplios y una evaluación del impacto, especialmente en un entorno económico caracterizado por una alta informalidad y baja recaudación.
Asimismo, instaron a la población a conocer los detalles del plan propuesto y a demandar que las decisiones relacionadas con la política fiscal no perjudiquen las oportunidades laborales ni la competitividad del país. “Lo que se está arriesgando no es un favor especial, es el bienestar de miles de familias”, declaró un portavoz del sector empresarial.
Desafíos institucionales y problemas fiscales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en un entorno de fricción entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de relieve un conflicto fundamental acerca del modelo de desarrollo que el país debería adoptar. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustar los sistemas fiscales para disminuir la desigualdad y elevar los ingresos del Estado, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin acuerdo técnico ni certeza de seguridad jurídica.
Este capítulo muestra los retos con que se encuentra Honduras al intentar equilibrar sus metas de equidad fiscal con el requisito de preservar un ambiente favorable para la inversión, el empleo formal y la estabilidad financiera. En un contexto caracterizado por la desconfianza en las instituciones y la división política, la discusión sobre esta legislación destaca la necesidad urgente de crear mecanismos para la concertación y el diálogo social continuo.
