La reciente propuesta de ley en Honduras impulsada por legisladores del Partido LIBRE ha causado gran controversia en el panorama político y económico del país. Estos congresistas han intentado implementar rápidamente y sin acuerdo la Ley de Justicia Tributaria, una medida que ha sido centro de disputas debido a sus posibles impactos en la inversión y el trabajo. La estrategia intentó aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar su aprobación en el último debate; sin embargo, la falta de quórum y la respuesta de los contradictorios impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El intento de implementar rápidamente la Ley de Justicia Tributaria por parte de los legisladores del Partido LIBRE fue visto como un esfuerzo para establecer una agenda fiscal sin el acuerdo necesario. La táctica consistía en aprovechar un momento en que parte de la oposición no estaba presente en el parlamento para aprobar la ley en su tercera y última discusión. No obstante, esta acción no se llevó a cabo debido a la ausencia de quórum y a la pronta reacción de los legisladores opositores que impidieron la votación. Este suceso ha puesto de manifiesto la división política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo surge del ámbito político, sino también de sectores empresariales y asociaciones gremiales. Empresarios y líderes de gremios productivos han mostrado su inquietud por las repercusiones que podría acarrear esta ley, advirtiendo que podría disuadir la inversión tanto local como internacional, lo cual podría resultar en el cierre de numerosas empresas y un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay una preocupación acerca de la posibilidad de que esta regulación fomente una centralización del poder económico en manos del Estado, lo que ocasionaría un impacto considerable en la dinámica económica del país.
Activismo de los ciudadanos y miras al porvenir
La respuesta de la comunidad frente al intento fallido de sancionar la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, un diálogo público extenso y el cumplimiento de los procedimientos legislativos existentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) expresaron su oposición a la implementación de una ley que, según ellos, impactará negativamente a millones, destacando que sin un apoyo generalizado, no hay un mandato legítimo para su aprobación.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reformular sus alianzas para buscar nuevamente la aprobación de la normativa. De esta manera, la controversia sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa, mostrando la complejidad del diálogo fiscal y político en Honduras y la necesidad de alcanzar acuerdos que tomen en cuenta las distintas opiniones del país.
