El asunto de Koriun Inversiones ha provocado un acalorado debate en Honduras, tras darse a conocer un esquema Ponzi que impactó a más de 35.000 personas. La acusación del diputado Edgardo «Chele» Castro ha colocado en el foco del debate la potencial cobertura política y judicial que facilitó las operaciones anómalas de la compañía.
La acción de las autoridades, la garantía de fondos y la respuesta de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en el sistema bancario del país. La investigación sigue en marcha, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Fraude tipo Ponzi y actividades anómalas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba con un esquema de Ponzi, que implica obtener dinero de nuevos inversionistas para retribuir ganancias a los anteriores, sin producir beneficios legítimos. La compañía ofrecía una ganancia semanal del 5 %, lo que se traduce en un 20 % al mes, garantizando a los clientes la recuperación de su capital en cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema se basaba en la entrada continua de nuevos inversionistas, lo que finalmente ocasionó su colapso y significantes pérdidas económicas para miles de personas.
La CNBS anunció que Koriun Inversiones no tenía permiso para funcionar como una entidad financiera. En las visitas a diversas oficinas y residencias de los dirigentes, se descubrieron enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas informalmente en cajas y bolsas. También se detectaron importantes transacciones, como el retiro de 400 mil dólares realizado por ciudadanos estadounidenses vinculados al comienzo de la estafa en 2017.
Alegaciones sobre salvaguardias políticas y quiebras de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones se llevó a cabo con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y funcionarios estatales. Castro criticó la ausencia de intervención rápida de las entidades de supervisión y demandó una investigación completa para identificar a los responsables de facilitar o tolerar la estafa. También se destacó el involucramiento de alcaldes que promovieron la compañía y la falta de respuesta de los fiscales ante las advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la devolución de su dinero y expresaron temor de perder su inversión. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la devolución a los inversores en la medida que sea factible, aunque se prevé que el proceso sea complicado y extenso. El caso ha revelado la susceptibilidad de las personas ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
