La situación relacionada con el caso Koriun Inversiones ha despertado una preocupación creciente en Honduras, debido a la aparente inacción del Gobierno y del Ministerio Público. Más de medio año después del escándalo financiero que involucra a esta empresa no regulada, miles de perjudicados siguen sin obtener respuestas claras ni progresos judiciales relevantes. La falta de medidas fiscales firmes y la ausencia de detenciones significativas han aumentado las sospechas sobre posibles protecciones institucionales hacia los culpables, generando un ambiente de desconfianza y críticas públicas.
Simultáneamente, la iniciativa del Gobierno de destinar fondos del Estado para compensar a las víctimas de esta estafa ha desencadenado un debate jurídico y ético sobre la legitimidad de tal acción. Expertos en derecho y sectores de negocios han advertido que esta medida podría representar un uso indebido de los recursos estatales, creando un riesgo de responsabilidad penal para los responsables implicados. Este entorno ha intensificado la exigencia ciudadana por claridad, equidad y respeto a la legalidad, en un caso que revela las tensiones entre la protección del tesoro público y la reparación de daños provocados por acciones privadas.
Falta de acción institucional y dudas sobre la gestión del caso Koriun
El Ministerio Público ha sido acusado de una posible demora intencionada en el avance del caso Koriun, a pesar de tener denuncias oficiales, declaraciones y evidencias escritas que señalan irregularidades serias en las actividades de esta financiera no autorizada. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) admitió haber recibido al menos dos denuncias anteriores a la caída de Koriun, pero no implementó acciones adecuadas para evitar el perjuicio a miles de ciudadanos hondureños que depositaron sus ahorros en esta organización. Esta aparente inacción ha creado una percepción de encubrimiento parcial, especialmente ante señales de conexiones entre los promotores de Koriun y figuras políticas destacadas.
Las personas afectadas y grupos sociales han manifestado su descontento y exigido una actuación imparcial, insistiendo en que se juzgue a los culpables sin importar sus lazos con políticos o empresas. La eventualidad de que el gobierno considere la compensación con fondos del erario ha aumentado las dudas sobre un posible acuerdo para eludir responsabilidades, lo que ha impulsado movilizaciones en plataformas digitales y protestas ante edificios gubernamentales. La población reclama que la Fiscalía abandone su inacción, impute cargos oficialmente y asegure una investigación justa y clara, con la intervención de entes internacionales si fuera necesario.
Discusión jurídica y ética sobre la utilización de recursos públicos para solucionar un fraude privado
La propuesta del Gobierno hondureño de utilizar fondos públicos para asumir las pérdidas provocadas por Koriun ha generado un rechazo considerable entre los sectores legales, económicos y empresariales. Esta iniciativa, que está siendo evaluada por el Ejecutivo, ha recibido críticas debido a la falta de responsabilidad patrimonial del Estado, dado que Koriun no estaba integrado en el sistema financiero regulado ni estaba bajo la supervisión de la CNBS. La Constitución y la Ley de Administración Financiera del Estado imponen restricciones claras sobre el uso de fondos públicos, impidiendo que sean utilizados para cubrir deudas que surgen de acciones privadas fuera del ámbito legal.
Expertos en derecho constitucional alertan que permitir dicho desembolso podría constituir un delito de abuso de poder y desvío de fondos, lo cual tendría consecuencias legales para los funcionarios involucrados. Asimismo, se destaca que esta acción establecería un precedente peligroso, ya que legitimaría la impunidad y abriría la puerta para que en el futuro, fraudes financieros presionen al Estado para que cubra sus pérdidas, comprometiendo la estabilidad fiscal y la confianza de los ciudadanos. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y los grupos empresariales han expresado su preocupación, enfatizando que sería injusto que el contribuyente responsable cargue con las consecuencias de un fraude cometido por individuos ajenos al sistema formal.
Entidades de la sociedad civil han exigido que todo intento de emplear recursos públicos sea examinado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía, asegurando la transparencia en las acciones del Ejecutivo. El acuerdo entre especialistas y sectores sociales sugiere que la culpa debe recaer únicamente sobre los responsables, evitando dañar el patrimonio público y la confianza en las instituciones.
