En Honduras, el asunto de Koriun Inversiones ha generado una gran inquietud entre la población debido a la falta de respuestas concretas y medidas firmes por parte del Estado. Más de tres meses después de descubrirse el gigantesco fraude financiero, miles de perjudicados siguen sin recuperar su dinero y sin que los responsables enfrenten a la justicia. La falta de progresos claros en las pesquisas, sumada al silencio del Ministerio Público y la falta de acción del gobierno, ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que la justicia se aplique correctamente.
Paralelamente, expertos en derecho y líderes de opinión han expresado su rechazo a la idea de que el Estado utilice recursos públicos para resarcir a las víctimas de este fraude privado. Se advierte que tal acción podría ser ilegal e inconstitucional, además de generar riesgos fiscales y políticos significativos. En este contexto, la exigencia social se centra en que el proceso se mantenga en el ámbito judicial, con transparencia y sin que se convierta en una medida populista que comprometa la legalidad y el manejo responsable de los fondos públicos.
La controversia sobre la respuesta estatal ante la estafa Koriun
La estructura piramidal de Koriun Inversiones funcionó durante años asegurando ganancias mensuales del 20 %, sin regulación ni control gubernamental. Aunque el Ministerio Público ha incautado más de 358 millones de lempiras, las pesquisas no han progresado hacia procesar legalmente a los responsables del engaño ni se ha aclarado el destino de los activos decomisados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han visto perdidos sus ahorros, préstamos e incluso hogares, y que exigen justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y de la Fiscalía han incrementado la percepción de que hay un entramado de protección política que obstaculiza el total esclarecimiento del caso. Diferentes voces del ámbito social y jurídico han destacado que la ausencia de detenidos y la falta de transparencia en el manejo de los bienes confiscados reflejan una desidia gubernamental que podría estar beneficiando la impunidad. La presión de la ciudadanía se mantiene constante para exigir acciones rápidas y sin preferencias políticas, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales apropiadas.
Aspectos jurídicos y financieros de la eventual indemnización con recursos del estado
Juristas y economistas han advertido que la utilización de recursos del Estado para compensar a las víctimas de Koriun podría constituir un delito de malversación de fondos públicos, especialmente si no existe un marco legal aprobado por el Congreso que respalde dicha acción. Funcionarios que autoricen pagos sin el debido respaldo legal podrían enfrentar responsabilidades penales por abuso de autoridad y violación de deberes. Además, asumir esta deuda podría desestabilizar las finanzas públicas, afectando áreas prioritarias como salud y educación, y enviar un mensaje que podría fomentar la impunidad en futuros esquemas fraudulentos.
Diversas entidades de la sociedad civil han instado al Gobierno a esclarecer de manera pública la fuente legal y financiera de cualquier posible compensación, que se divulguen los progresos auténticos del caso y se presente el listado de responsables junto con sus bienes confiscados. Se subraya la importancia de que el proceso permanezca exclusivamente en el ámbito judicial, evitando que se transforme en una acción con intenciones políticas o populistas. La demanda principal es que el Estado no asuma el costo económico de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni infringir la ley.
