En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha controversia en los meses recientes. La diputada Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha seguido esta medida, que se creó con el fin de luchar contra la delincuencia. Según sus afirmaciones, el uso de este régimen está comprometiendo las garantías constitucionales y podría actuar como un instrumento de represión contra los sectores críticos del gobierno.
Espinoza señaló que algunas medidas realizadas bajo la protección del estado de excepción violan derechos de las personas. Como ejemplo, mencionó la entrada sin orden judicial a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un acontecimiento que, según indicó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de actividades podría volverse una preocupación por la aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen límites claros al decreto en efecto.
Observaciones al Ministerio Público y amenazas legales
La diputada igualmente criticó cómo se está desempeñando el Ministerio Público, al opinar que no está asegurando equidad ni cumplimiento del debido proceso al implementar las acciones extraordinarias. Según su percepción, esto provoca una situación de inseguridad jurídica que impacta no solo a personas de renombre, sino a cualquier individuo susceptible a resoluciones caprichosas.
En este contexto, Espinoza exhortó al Congreso Nacional a evaluar cuidadosamente si es adecuado continuar con el estado de excepción, considerando únicamente las responsabilidades asignadas a ellos por el electorado y no sus inclinaciones partidarias. Señaló que extender esta disposición podría responder a intenciones políticas dirigidas a fortalecer el dominio gubernamental restringiendo las libertades civiles. Asimismo, destacó que la seguridad pública no debe servir como pretexto para socavar el Estado de derecho ni para limitar la intervención democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la permanencia
Las objeciones de Espinoza se unen a opiniones de distintos ámbitos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de haberse creado como una solución ante la violencia, aumenta la percepción de que está siendo utilizada para acallar la disidencia. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y dentro de la sociedad civil, donde se busca un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
