El ciclo electoral en Honduras para 2025 ha estado caracterizado por diversos eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión respecto a la estabilidad democrática del país. Un reporte de análisis interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por significativos errores logísticos durante los comicios primarios, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme selectivo de oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sistema militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones
El reporte sobre la auditoría interna del CNE, que se filtró a los medios de comunicación locales, indicó que la distribución retrasada, deficiente y sin coordinación del material electoral en muchos centros de votación se debió a fallos en la aplicación del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables de proteger y repartir las urnas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.
Ante esta situación, partidos de oposición como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han exigido una revisión total del convenio de apoyo logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia temprana de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados.
Desarmado específico de oficiales y conflictos internos en los Ejércitos
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por realizar una limpieza discreta en el sector militar, quebrando la costumbre de imparcialidad y despertando dudas acerca del propósito de asegurar un dominio político completo sobre el sistema de seguridad del país frente a las elecciones generales.
La eliminación parcial de armamento se añade a diversas medidas recientes, como alteraciones en la dirección militar y reubicaciones forzadas, que han aumentado la fricción y el desagrado dentro de la organización, especialmente entre mandos medios y altos. Ciertos oficiales despojados de armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como una manera de apartarlos del núcleo operativo y del contexto electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los sistemas electorales contra cualquier intervención militar, especialmente en un entorno donde se pone en duda la estabilidad democrática de Honduras. La presión de la sociedad y la política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que rediseñe el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña se ha convertido en un punto focal en la agenda pública ante las próximas elecciones generales.
