La medida de emergencia en Honduras, instaurada desde diciembre de 2022, sigue generando polémica por su extensión y las inquietudes sobre posibles excesos de autoridad y transgresiones a los derechos humanos. Esta acción fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el propósito declarado de enfrentar el crimen, especialmente el cobro indebido y las actividades de bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha conllevado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden judicial y restricciones a la libre circulación en varias áreas del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido en varias ocasiones. En enero de 2025, la acción se amplió por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Aunque las autoridades sostienen que esta medida es crucial para combatir la delincuencia, distintos sectores han manifestado su inquietud por posibles abusos y la ausencia de resultados tangibles.
Discusión acerca de la eficacia y los derechos humanos en el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones injustificadas a las libertades básicas. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la aplicación del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta decisión ha suscitado una discusión respecto a su efectividad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno afirma que el estado de excepción es esencial para enfrentar el crimen, entidades tanto nacionales como internacionales piden evaluar su implementación y asegurar que las medidas de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas de los individuos.
Así, el estado de excepción en Honduras representa una medida controvertida que busca enfrentar la violencia criminal, pero que ha generado un debate sobre su efectividad, legalidad y respeto a los derechos humanos. La prolongación de esta figura excepcional plantea desafíos para la garantía de libertades fundamentales y la consolidación de un sistema democrático que proteja tanto la seguridad como los derechos de la ciudadanía.
