La reciente afirmación del líder del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha creado un clima de alerta en la nación. Redondo señaló que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser ratificada en cualquier instante, incluso durante sesiones fuera del horario regular, lo que ha causado preocupación en varios sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un esfuerzo por avanzar con la reforma sin el necesario debate ni el consenso, intensificando la ansiedad entre la oposición política, los grupos empresariales y las organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta fue inmediata. Empresarios, legisladores de oposición y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud acerca de lo que perciben como una táctica para implementar una reforma tributaria de significativo alcance nacional sin consenso ni claridad. La preocupación sobre la eventual aprobación de la legislación en momentos inusuales ha sido interpretada como un intento de esquivar la movilización del público y la crítica de los medios, incrementando así la tensión en el contexto político y social en Honduras.
Inquietudes acerca del método legislativo
El comunicado sobre la posible aprobación de la Ley de Justicia Tributaria de forma apresurada en el ámbito legislativo ha sido visto por grupos contrarios y por sectores productivos como un indicio de escasa apertura y falta de debate democrático. Estos grupos han acusado al oficialismo de tratar de eludir el diálogo público y el acuerdo, lo que consideran dañino para la democracia y la transparencia. La probabilidad de que se apruebe la ley sin cumplir con el proceso adecuado ha sido considerada un peligro para la economía y los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un llamamiento a la vigilancia y a la acción social.
Grupos opositores en el Congreso y miembros del sector privado han manifestado que una modificación de tal alcance no debe ser aprobada sin un estudio detallado y sin la intervención de todos los interesados. Piensan que la ausencia de discusión podría generar efectos adversos para el país, particularmente si se utilizan métodos legislativos inusuales para eludir la revisión pública.
Efectos económicos y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha enfrentado críticas de múltiples sectores, que alertan sobre sus potenciales impactos desfavorables. Una de las principales inquietudes es la eliminación de exenciones consideradas fundamentales para atraer inversiones, lo cual, según los detractores, podría perjudicar a empresas productivas y al sector agrícola e industrial. Asimismo, se destaca que la reforma podría amenazar miles de puestos laborales, aumentar el costo de vida y ocasionar el cierre de establecimientos.
Frente a esta situación, tanto las entidades de negocios como los grupos de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con la meta de evitar que la legislación sea sancionada sin seguir el proceso democrático adecuado. La inquietud principal reside en que una modificación con gran impacto a nivel nacional no debe ser un «acto inesperado en la noche», sino un procedimiento claro y participativo, donde se consideren todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la comunidad de Honduras.
