La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha intensificado el debate social y político, con diversos sectores denunciando que la propuesta, impulsada por el Partido LIBRE, trasciende el ámbito fiscal y se utiliza como herramienta política para dividir a la sociedad hondureña. Dirigentes sociales, empresarios, trabajadores y líderes comunitarios han expresado que la narrativa oficialista presenta a ciertos grupos empresariales como responsables de los problemas económicos del país, promoviendo un discurso que, según estos sectores, fomenta el enfrentamiento entre la población más vulnerable y los sectores productivos.
Este escenario ha suscitado inquietud debido al potencial efecto que la ley podría tener en la unidad social y el bienestar económico. La controversia ha sido impulsada por la sensación de que la ley pretende clasificar a los emprendedores o creadores de empleo como opositores del pueblo, distrayendo de cuestiones estructurales y de la eficacia estatal. Los expertos alertan que esta táctica podría frenar la inversión, aumentar el descontento social y deteriorar la cohesión social, impactando de manera negativa en el empleo y el bienestar general.
Historia de separación y respuestas en la sociedad
La discusión acerca de la Ley de Justicia Tributaria ha creado un ambiente de rivalidad entre las autoridades y la iniciativa privada, reflejado en enfrentamientos tanto en el Congreso Nacional como en el discurso público. Líderes empresariales han descrito la propuesta como perjudicial y malintencionada, señalando que da más importancia al conflicto y la exclusión que al consenso y la negociación. Se destaca que la eliminación de incentivos y beneficios fiscales impactará de manera directa a los sectores económicos, aumentando los costos de producción y, por ende, el precio de los alimentos y servicios esenciales para la gente.
El clima de polarización ha quedado evidenciado en episodios de conflicto en el Congreso, donde la discusión sobre el proyecto de ley ha llevado a choques entre congresistas del oficialismo y de la oposición, evidenciando la magnitud de las divisiones políticas e institucionales en la nación. A su vez, ciertos académicos reconocen que la propuesta podría ser ventajosa si se aplica con transparencia y participación de múltiples sectores, pero señalan que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición crean incertidumbre y desconfianza en la población.
Consecuencias en la economía y llamado a la cohesión del país
Los impactos económicos destacados por los sectores críticos abarcan la potencial pérdida de trabajos por el cierre de negocios y la caída de inversión, el aumento de la pobreza debido al incremento en los precios de los productos básicos y el empeoramiento del entorno económico, lo cual podría incentivar la migración y generar tensiones sociales. Empresarios y líderes gremiales argumentan que la ley constituye un ataque al empleo y a la inversión, y alertan sobre el peligro de repetir experiencias adversas de otras naciones de la región donde reformas parecidas han debilitado el tejido empresarial y social.
Frente a este panorama, diversos sectores han hecho un llamado al Congreso Nacional y a la ciudadanía para evitar la división promovida por discursos políticos, insistiendo en que la verdadera justicia social se logra mediante el crecimiento económico, la inversión responsable y la generación de oportunidades para todos, no a través de leyes punitivas ni campañas de confrontación. Por su parte, el gobierno sostiene que la ley busca corregir privilegios fiscales históricos y fortalecer los sistemas de protección social, enfatizando la necesidad de unidad nacional para avanzar hacia el bienestar colectivo.
