A poco más de doce meses de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que describen como indicios tempranos de una estrategia dirigida a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias se originan de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes están observando una serie de movimientos del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Entre las principales preocupaciones expuestas figura el uso reiterado de discursos oficiales que anticipan un posible fraude, sin que se presenten pruebas concretas. Estas declaraciones señalan a sectores económicos, medios de comunicación y actores internacionales como supuestos conspiradores contra el oficialismo, lo que para algunos analistas representa un intento por instalar la percepción de manipulación electoral en caso de una derrota en las urnas.
De acuerdo con los analistas, la historia parece tener un doble propósito: anticipadamente cuestionar cualquier resultado negativo y simultáneamente promover una atmósfera de desconfianza general hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Tensión institucional y cuestionamientos al árbitro electoral
Un asunto de gran sensibilidad ha sido la actitud asumida por LIBRE ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido oficialista fue parte activa en la creación de esta entidad, ahora emite críticas que buscan cuestionar su imparcialidad y confiabilidad. La táctica, según opiniones críticas, pretende debilitar la legitimidad del CNE en momentos importantes del calendario electoral.
Paralelamente, se ha señalado un incremento de procesos judiciales contra figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas acciones son interpretadas por sectores opositores como mecanismos de presión que podrían limitar el debate público y la movilización ciudadana en un contexto preelectoral.
Además, se ha mantenido el estado de excepción desde 2022, implementado por el Gobierno como medida de seguridad. Aunque se defiende su uso para enfrentar el crimen organizado, ha tenido como consecuencia la limitación de derechos, tales como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades partidistas y la expresión política de los ciudadanos.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La mezcla de relatos sobre fraude, procesos judiciales contra opositores y limitaciones institucionales ha despertado inquietud en distintos grupos acerca de la posible desmovilización del electorado contrario. De acuerdo con especialistas, esta situación podría llevar a la abstención, desinterés o incluso a escenarios de conflicto después de las elecciones si uno de los lados cuestiona o no acepta el resultado.
Estas dificultades surgen en un periodo donde diversas encuestas muestran una disminución en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una imagen negativa para la candidata del oficialismo Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un posible fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un posible escenario electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Varias entidades tanto a nivel nacional como mundial han lanzado declaraciones instando al gobierno de Honduras a asumir compromisos sólidos con la claridad electoral. Entre las peticiones se subraya el cumplimiento del cronograma electoral sin alteraciones, la ausencia de influencia política en las instituciones electorales y judiciales, y la adopción pública de los resultados, independientemente del resultado.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de monitoreo ciudadano han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras que piden que se permita una observación internacional amplia, previa e imparcial. Estos actores esperan que Honduras asegure un proceso en el cual se respete el derecho de los ciudadanos a seleccionar libremente a sus representantes, sin presiones o influencias institucionales.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática
El escenario electoral hondureño de cara a 2025 se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad institucional del país. Las advertencias formuladas por diversos sectores reflejan una preocupación extendida por la posibilidad de que el proceso sea condicionado por intereses políticos.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.
