Honduras se acerca a los comicios generales en medio de un ambiente de creciente alarma. Acusaciones de irregularidades, esfuerzos por controlar las instituciones y atentados contra la libertad de prensa arrojan dudas sobre la integridad del proceso electoral, generando preocupación acerca de la habilidad del país para realizar elecciones libres y transparentes.
El aviso a raíz de la serie de sucesos que han creado preocupación y desconfianza en varios sectores de la población se enfoca en la posible manipulación de entidades fundamentales, como la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la intención de impactar el resultado electoral y beneficiar a ciertos intereses políticos.
Intento de llevar al CNE a tribunales y peligros para la independencia del proceso electoral
Las alarmas han saltado ante la posibilidad de que la Fiscalía esté planeando cargos contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al organismo electoral y asegurar el dominio del proceso por parte del oficialismo. Fuentes políticas han advertido sobre actividades inusuales dentro del sistema judicial que señalan una acusación inminente por presuntos delitos administrativos o abuso de autoridad contra consejeras vistas como independientes o críticas del control político que ejerce el partido LIBRE sobre el CNE.
Analistas y dirigentes contrarios al gobierno han descrito este supuesto plan judicial como una maniobra política destinada a debilitar el esquema del CNE y a desplazar a aquellos que no apoyan el objetivo de poder del oficialismo. Se teme que una acusación oficial obligue a las consejeras a dejar sus puestos, permitiendo nombrar reemplazos que favorezcan al gobierno.
Organismos de derechos humanos y redes ciudadanas han alertado sobre un posible «golpe institucional encubierto» que busca reconfigurar el árbitro electoral a favor del partido de gobierno en plena recta final hacia las elecciones. Ante esta situación, diversos sectores han solicitado la intervención de la comunidad internacional para monitorear las acciones del Ministerio Público y garantizar la independencia del ente electoral.
Ataques a los medios y limitaciones a la libre circulación de información
En este escenario de intensificación de la división política, la prensa en Honduras atraviesa uno de sus períodos más difíciles desde el regreso a la democracia. Se reportan cada vez más casos de hostigamiento, intimidación, censura y ataques hacia medios de comunicación y reporteros independientes, originados tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han emitido alertas urgentes, advirtiendo que en Honduras se está consolidando un patrón de represión informativa orquestado desde el poder para acallar voces críticas, desinformar al pueblo y garantizar el control total del discurso público rumbo a las elecciones.
Durante los meses recientes, se han documentado ataques físicos a periodistas mientras cubren manifestaciones, acoso digital organizado en contra de comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a información pública y amenazas anónimas hacia reporteros que investigan casos de corrupción.
Durante la cobertura de manifestaciones, se ha registrado la presencia de fuerzas militares intimidando a equipos de prensa, solicitando identificaciones, interrumpiendo transmisiones y confiscando equipos de los periodistas. Aparte de la represión física y en línea, se ha iniciado una campaña de estigmatización por parte del gobierno contra medios de comunicación independientes y periodistas reputados, acusándolos de ser «enemigos del pueblo» o «agentes desestabilizadores».
Peligros para la integridad del proceso de elecciones
La conjunción de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y las agresiones a la prensa- crea un ambiente de inseguridad acerca de la solidez del proceso electoral en Honduras. La potencial utilización de instituciones importantes y la limitación del acceso a la información constituyen graves riesgos para la claridad y la justicia de las elecciones.
Frente a esta situación, distintos sectores de la comunidad han solicitado a la comunidad mundial que observe atentamente los eventos y demande garantías de claridad y respeto a los derechos esenciales para asegurar que el pueblo de Honduras pueda seleccionar a sus líderes en un entorno de libertad y democrática.
