La publicación reciente de un video relacionado con el narcotráfico en Honduras ha incrementado las inquietudes respecto al estado del sistema judicial hondureño. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el incidente no solo revela conexiones entre individuos involucrados en el narcotráfico y personas cercanas a las esferas de poder, sino que también evidencia una tendencia alarmante: el uso de la justicia con fines políticos.
Modelos de inmunidad y persecución dirigida
InSight Crime expone una situación en la que la aplicación de la justicia es desigual. Algunos acusados enfrentan acusaciones públicamente y pasan por juicios expeditos, mientras que otros, presumiblemente conectados con el gobierno actual, permanecen libres de intervención judicial o incluso reciben respaldo institucional. El informe señala que este comportamiento no es novedoso en la región, sin embargo, en Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.
El reporte analiza similitudes con dinámicas autoritarias presentes en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido tomado por intereses políticos para garantizar impunidad a seguidores y sancionar a disidentes. La situación en Honduras, como señala el centro de análisis, avanza en esa misma dirección, lo que pone en riesgo directamente al Estado de derecho.
Reacciones críticas y llamado a observación internacional
Las respuestas al reporte no tardaron en aparecer. Líderes políticos opositores, expertos legales y activistas de derechos humanos han estado de acuerdo en destacar que el uso político del sistema judicial amenaza la validez del sistema democrático. Este asunto también inquieta a entidades internacionales, que han recibido peticiones para observar el declive institucional del país.
Una fuente diplomática que fue contactada por InSight Crime alertó que Honduras podría dirigirse hacia una severa crisis de gobernabilidad si no se reestablecen las garantías básicas de independencia judicial. La creciente desconfianza de los ciudadanos, provocada por la falta de transparencia y la impunidad, ha reducido aún más la confianza en las instituciones.
En este contexto, diversos sectores han hecho un llamado urgente para que organismos multilaterales como la OEA y la ONU mantengan vigilancia sobre el país. Exigen acciones que garanticen un sistema judicial transparente y autónomo, alejado de presiones partidarias o intereses criminales.
El escándalo del narcovideo no sólo revela un caso aislado de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con interés político.
