El caso de Koriun Inversiones ha generado una amplia discusión en Honduras, especialmente tras las declaraciones del diputado Edgardo Castro en una reciente entrevista radial. La situación ha puesto en evidencia la magnitud del fraude, la presunta protección institucional y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
En la entrevista, el legislador Castro discutió sobre cómo opera la compañía, la respuesta de las entidades y la posible connivencia de funcionarios estatales, destacando la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad urgente de aclaraciones para las miles de personas involucradas.
Funcionamiento del fraude y omisión institucional
En su discurso, el legislador Castro indicó que Koriun Inversiones funcionaba públicamente, gestionando cantidades considerables de dinero en efectivo, guardadas en cajas y bolsas dentro de la empresa, sin que las autoridades intervinieran. Mencionó que, a pesar del gran volumen de las transacciones y de las largas colas de personas que iban a diario, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni la policía, ni la fiscalía tomaron medidas para frenar la operación durante años.
Castro planteó dudas sobre la inacción de las entidades encargadas y propuso que la falta de intervención podría estar vinculada a la protección de altos funcionarios. De acuerdo con su análisis, la pesquisa relacionada con el asunto se frenó de manera abrupta y no se ha avanzado en identificar a los culpables ni en rastrear posibles recursos monetarios ocultos. El legislador también mencionó la participación de extranjeros asociados al esquema, quienes gestionaban grandes sumas de dinero sin restricciones, lo que, según él, solo es viable con apoyo gubernamental.
Consecuencias políticas y sugerencias para investigación
El diputado sostuvo que la red de protección a Koriun Inversiones involucraría a funcionarios de diferentes niveles, incluyendo alcaldes, fiscales y políticos, lo que habría permitido la continuidad del fraude. Señaló que algunos personajes públicos defendieron a la empresa y que el Ministerio Público debería haber citado o detenido a quienes facilitaron su operación. Además, hizo referencia a la existencia de estructuras organizadas para encubrir actividades ilícitas y a la falta de transparencia en la gestión de las instituciones estatales.
Castro sugirió que la Fiscalía ofrezca incentivos económicos a aquellas personas que reporten actividades corruptas, creyendo que este método podría estimular la participación ciudadana y ayudar a identificar a los culpables en situaciones similares a la de Koriun Inversiones. Además, mencionó el problema de la corrupción en otras áreas del gobierno, como el ámbito de la salud y el registro civil, indicando que la venta de datos y el mal uso de fondos son prácticas comunes que minan la confianza de la población.
En su análisis, el diputado vinculó el caso Koriun Inversiones con un contexto más amplio de impunidad y corrupción, donde las investigaciones no avanzan hacia los principales responsables y donde los mecanismos de control institucional resultan insuficientes. Cuestionó la falta de acciones concretas para recuperar los fondos y sancionar a quienes participaron en el fraude, y advirtió sobre la influencia de intereses políticos y económicos en la toma de decisiones dentro de las instituciones.
El caso de Koriun Inversiones, de acuerdo con lo presentado por el diputado Castro, resalta la importancia de mejorar la vigilancia del estado, asegurar que las investigaciones sean independientes y fomentar la claridad en la administración pública. Esto es crucial para impedir que se repitan situaciones similares y para recuperar la confianza de la población en las instituciones nacionales.
