Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Consolidación del poder en instituciones clave del Estado
Desde el comienzo del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha incrementado su presencia en las principales instituciones del Estado. La influencia del gobierno se ha expandido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
De acuerdo con denuncias de la oposición, varios de estos nombramientos se han realizado sin respetar los procedimientos legislativos establecidos y en el marco de acuerdos políticos sin transparencia. La diputada Maribel Espinoza, miembro de la bancada opositora, señaló que el propósito del partido en el poder va más allá de gobernar, al advertir que busca “controlar todo”, incluyendo instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
La acumulación de poder institucional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre poderes del Estado y la vigencia de mecanismos democráticos de control político.
Advertencias acerca de riesgos para la democracia y acusaciones de hostigamiento
Especialistas y organizaciones de análisis han alertado que la centralización del poder podría provocar un debilitamiento de la democracia en su estructura. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha indicado que esta tendencia afecta la autonomía de las ramas del gobierno y puede promover un sistema gubernamental con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
En este contexto, se añade el malestar sobre el tratamiento dirigido a sectores autónomos, especialmente aquellos en el ámbito de la prensa y los empresarios. Informes actuales reportan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, incluyendo al comunicador Rodrigo Wong Arévalo, así como campañas del gobierno que desafían explícitamente a determinados grupos empresariales, que son llamados «las 10 familias».
Diversas instituciones a nivel nacional e internacional han alertado que estas medidas podrían constituir un esfuerzo para desmotivar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Solicitudes de monitoreo global y alertas desde la ciudadanía
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un comunicado que el pueblo debe estar vigilante ante los peligros de la concentración del poder político. En el mismo mensaje, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una sola persona, la libertad corre riesgo», y solicitó que se asegure un proceso electoral libre y claro en las elecciones programadas para noviembre de 2025.
Este llamado ocurre en un contexto de creciente desconfianza institucional y demanda de garantías democráticas, en el que se discute el papel que deben jugar los actores internacionales como garantes del respeto a los principios constitucionales y de los derechos políticos de la ciudadanía.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones en el sistema democrático de Honduras, especialmente en relación con la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a la participación política. El aumento del poder institucional por parte del gobierno ocurre en un escenario donde los instrumentos de equilibrio se encuentran restringidos en su capacidad de actuar de manera autónoma.
En este contexto, los meses venideros serán críticos para valorar la habilidad de las instituciones en Honduras de preservar su independencia, al igual que el grado de receptividad del sistema político ante críticas y la participación diversa en un proceso electoral que ya empieza a aparecer como fundamental para el porvenir político de la nación.
